Cuesta 200 mdp revisar edificios vulnerables

metropoli@eluniversal.com.mx

El Gobierno de la Ciudad de México aclaró que los 270 mil inmuebles en riesgo de vulnerabilidad estructural a causa de un temblor, no es que estén dañados, sino que se encuentran en una zona lacustre de la capital.

La secretaria de Gobierno capitalina, Patricia Mercado, informó que estos edificios se ubican en la zona del Circuito Interior, en un área lacustre y por ello vulnerable.

“No es que los edificios estén en riesgo, eso no se sabe, lo que dice el estudio es que necesitamos 200 millones de pesos, 800 pesos por cada inmueble, para estudiar cada uno de los edificios dentro de esta zona vulnerable frente a los sismos”.

El jueves se dio a conocer que el Senado recibió un documento en el que se señala que, antes del sismo del 19 de septiembre, el gobierno local tenía detectados 270 mil inmuebles en riesgo estructural.

Sobre el tema, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo: “Sin ninguna alarma innecesaria o demás, sí con responsabilidad y sí con todos los datos objetivos, vamos a estar trabajando en esta tarea. Es parte de lo que tiene encargada la Comisión para la Reconstrucción”.

Ayer, en conferencia de prensa, Mercado informó que los edificios de Osa Mayor y Miramontes 310 serán demolidos debido al alto riesgo que presentan las estructuras.

Sobre la demolición de San Antonio 122, que la hará el dueño, comentó que no se dará permiso para el derrumbe por implosión, debido a que abajo hay instalaciones del Metro.

En total son 121 inmuebles que las delegaciones advierten que pueden colapsar aunque no todos necesitan demolición. En dos dormitorios de la penitenciaria de Santa Martha, donde se ubicaban 60 internos, resultaron dañados y los reos serán reubicados en otras zonas del inmueble.

Detalló que a finales de noviembre se habrán intervenido todos los edificios con código verde que podrían ser hasta 6 mil inmuebles atendidos.

Por la tarde, Mercado acudió a una reunión con la Comisión de la Ciudad de México en la Cámara de Diputados. Ahí informó que el censo de viviendas dañadas se terminará en, por lo menos cinco meses más, debido a que este programa tuvo una ampliación del 31 de octubre hasta el 1 abril del 2018, con la intención de lograr un conteo completo.

La secretaria explicó que el Fonden otorgó 700 millones de pesos para sacar escombros y podrán destinarse también para demoler.