La alcaldía Miguel Hidalgo presentó una denuncia penal en contra del exalcalde Víctor Hugo Romo y su exdirector jurídico por actos de corrupción y ejercicio abusivo de funciones, al permitir la demolición, sin permisos, de una obra en el predio ubicado en Moliere 88, inmueble que se encuentra bajo el Acuerdo de Facilidades Administrativas para la Reconstrucción del sismo de 2017.
La denuncia presentada ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos, señala la responsabilidad que el entonces alcalde y su exfuncionario tendrían por permitir la demolición de ese inmueble.
La alcaldía detalló que el entonces alcalde de la demarcación en el periodo 2018-2021 fue omiso al llamado que la Comisión para la Reconstrucción le hizo en 2019, donde se señalaba que la obra debía cumplir con la licencia especial, un programa de demolición del predio, la póliza de responsabilidad civil de daños a terceros y el programa interno de protección civil, lo que en su momento no fue exigido por estos exservidores públicos, ya que no existe ningún expediente en archivos de la alcaldía que de cuenta del cumplimiento de estos requisitos.
Asimismo, la denuncia consigna la simulación de la verificación de la obra, ya que pese a que en 2020 se emitió una orden para su visita, se dejó pasar el plazo legal para ejecutarse y caducó, lo que permitió que no se sancionara al desarrollador por la ilegal demolición.
Los exfuncionarios, continuó la alcaldía, permitieron que se realizaran trabajos de demolición sin licencia, cuando es una obligación contar con este requisito previo a que se intervenga el inmueble, situación que era de conocimiento del exalcalde, pues en octubre de 2019 recibió un oficio por parte de la Comisión para la Reconstrucción, señalando los requisitos que tenía que cumplir el desarrollador para llevar a cabo la demolición; sin embargo, no fue hasta un año después cuando emitió la visita de verificación, misma que dejó de resolverse caducando el procedimiento.
Cabe mencionar que el ahora diputado Víctor Hugo Romo tenía conocimiento de que el Acuerdo de Facilidades Administrativas vigente en 2019, sólo le otorgaba exenciones fiscales al interesado, pero no lo exentaba de tener todas las licencias, permisos y autorizaciones que prevé el Reglamento de Construcciones.
De acuerdo con el Código Penal local, las sanciones por el ejercicio abusivo de funciones van de cinco a 20 años de prisión, pena que podría aumentar en dos terceras partes en caso de acreditarse la comisión de los actos de corrupción denunciados.
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