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Winckler, fuera de la Fiscalía de Veracruz

No hizo exámenes de control de confianza, dicen; policía estatal sitia oficinas de la dependencia

Ante los diputados locales, Verónica Hernández Giadáns juró como encargada de despacho de la Fiscalía General de Veracruz. CORTESÍA
04/09/2019 |00:33Edgar Ávila / Corresponsal |
Redacción El Universal
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Xalapa.— La diputación permanente del Congreso de Veracruz determinó ayer separar provisionalmente de sus funciones al Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, por carecer de los exámenes de control de confianza exigidos en la ley para ocupar ese cargo.

En respuesta, el ahora exfiscal indicó que dicha decisión constituye un delito federal y advirtió que interpondrá todos los recursos que permita la ley para impedir una ilegalidad.

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De manera sorpresiva y a propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), presidida por Morena, se presentó un punto de acuerdo para que Winckler, amigo personal del exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, fuera separado del cargo.

Los diputados locales avalaron dejar como encargada de despacho a la directora jurídica de la Secretaría de Gobierno, Verónica Hernández Giadáns, cercana al titular de esa dependencia, Eric Cisneros Burgos.

En la sesión de ayer, la Jucopo, que preside el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, retiró de la orden del día todos los puntos que estaban agendados para analizar y aprobar como único punto la salida del abogado yunista.

El documento detalla que la separación se debe a que Winckler Ortiz no cumplió con el mandato constitucional de contar con certificación de confianza y revalidación.

“Ante las autoridades competentes para evaluar al fiscal General, no obra constancia alguna de que cuente con la certificación y registro, por ello, y en atención a los antecedentes, se determina necesario que la diputación permanente aplique como medida preventiva aquellas cuya categoría no implica una sanción, sino una medida cautelar”, señala el documento.

Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) calificaron como ilegal y violenta la decisión de Morena de destituir al fiscal estatal.

“Morena violó el Estado de derecho en Veracruz, autorizando de manera anticonstitucional un punto de acuerdo que busca remover de su titularidad al fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz”, acusaron.

En un comunicado, los panistas aseguraron que la medida marca un referente nacional de la intención y puesta en marcha de Morena para desaparecer órganos del Estado, usando su representación mayoritaria en los Congresos federal y locales.

“Un delito federal”: Winckler. Por su parte, Jorge Winckler emitió un comunicado en el que indicó que “dicha decisión es a todas luces ilegal, violatoria de la Constitución estatal y de la Ley Orgánica de la Fiscalía (...) Además de una arbitrariedad, constituye un delito federal.

“Mi intención y la de muchísimos veracruzanos es defender una institución que debe ser autónoma e independiente del Poder Ejecutivo del estado. Con esta ilegalidad no se ataca y perjudica a Jorge Winckler Ortiz, sino a la autonomía de las instituciones y a la independencia de los poderes.

“Interpondré todos los recursos que la ley me permite para impedir una ilegalidad que atenta contra nuestra Constitución y la vida democrática, no sólo de Veracruz, sino de todo México”, advirtió.

Enfatizó: “Hago responsable de mi integridad y la de mi familia al gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, y al Presidente de la República”.

Sitian fiscalía. Tras la sesión del Congreso local, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz tomaron las oficinas centrales de la Fiscalía General del Estado.

Decenas de agentes de la Policía Estatal rodearon las instalaciones del organismo autónomo e impidieron el acceso a cualquier persona, incluidos a los diputados locales panistas afines al exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

En tanto, bajo la protección de elementos de la SSP y de la Guardia Nacional, Verónica Hernández Giadans tomó posesión de las instalaciones de la fiscalía.

Winckler Ortiz llegó a la Fiscalía a finales de 2016, gracias a que el grupo político de Yunes Linares, bajo presiones, hizo renunciar al entonces abogado general, Luis Ángel Bravo Contreras. Durante su gestión se confrontó con diversos sectores políticos, sociales y económicos.

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