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Un Juez de Control vinculó a proceso judicial al reportero veracruzano de nota roja, Rafael León Segovia por los presuntos delitos de encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública, dejando fuera el ilícito de terrorismo que le había sido imputado.
Durante la audiencia, la autoridad judicial impuso como medida cautelar el resguardo domiciliario por un periodo de un año, tiempo en el cual se realizará la investigación complementaria de diversos hechos en los que se le pretende vincular a la delincuencia organizada.
Y es que el comunicador recibió mensajes de Whatshapp de presuntos integrantes de la delincuencia organizada donde se le notificaba de posibles hechos constitutivos de delito, por lo que las autoridades buscan finarle responsabilidad y presuntos vínculos con delincuentes.
Sin embargo, su defensa y organizaciones civiles de protección a la libertad de expresión argumentan que los mensajes llegaron porque el periodista tenía vinculado su número a su fanpage y desconocía quien los enviaba.
La detención del comunicador ocurrió el pasado 24 de diciembre y generó protestas de organizaciones de defensa de la libertad de expresión y de asociaciones de periodistas, quienes consideraron que la imputación del delito de terrorismo buscaba inhibir su ejercicio periodístico.
El abogado defensor, Julio de Jesús Sibaja de la Cruz celebró que el comunicador no haya sido vinculado por el presunto delito de terrorismo y, por tanto, no se le haya dictado la medida de prisión preventiva justificada, sin embargo lamentó que se le siga acusando de dos delitos del que consideró es inocente.
El reportero Rafael León Segovia denunció que hay una consigna de autoridades de la Fiscalía General del Estado por haber venido publicando diversas irregularidades de los servidores públicos.
“Fue un terror, porque la verdad el 24 de diciembre la pasaría con mi familia y llega la ministerial y me detienen (…) tomándome fotos como si fuera un payaso, se lucieron tomándome fotos”, acusó.
En tanto, en la capital veracruzana, la fiscal General del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, aseguró que en estricta observancia a la ley y con apego al principio de buena fe, se ejecutó la orden de aprensión contra el reportero y se llevó a cabo su imputación.
“Siendo importante resaltar que esta institución actúa con estricto respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, garantizando en todo momento el debido proceso a las personas involucradas, conduciéndose con estricta objetividad y sujetándose al tamiz jurisdiccional”, expuso.
En un mensaje difundido en sus oficinas centrales, resaltó que el juez haya vinculado a proceso al detenido sólo por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública.
Y expuso que la Fiscalía General del Estado seguirá realizando investigaciones profesionales, transparentes y sin distingo alguno.
aov/cr
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