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Hermosillo, Sonora.- Desde el penal donde permanece en prisión preventiva desde hace más de cuatro meses, José Víctor Guerrero González, exsecretario de Educación y Cultura (SEC) de Sonora, aseguró ser inocente del delito de peculado que le imputa la Fiscalía Anticorrupción del Estado (FAS) y afirmó que las acusaciones en su contra carecen de sustento jurídico.
A través de una carta pública dirigida a la opinión pública, el exfuncionario sostiene que los recursos por los que fue vinculado a proceso no son públicos, sino fondos privados provenientes de retenciones aplicadas directamente al salario de los trabajadores de la educación afiliados a la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), destinadas a un sistema de previsión social vigente desde hace cuatro décadas.
Guerrero González subraya que dicho esquema tiene su origen en un acuerdo laboral firmado en 1986 entre el Gobierno del Estado y el sindicato magisterial, y que su finalidad ha sido otorgar prestaciones económicas a los trabajadores, o bien, a sus deudos en casos de incapacidad total, pérdidas orgánicas o fallecimiento.
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“Al no tratarse de recursos públicos, no existe el delito que se me imputa”, afirma en su misiva.
El exsecretario explica que estas retenciones aparecen en los talones de pago de los trabajadores bajo distintos conceptos, como Plan de Beneficios Múltiples, y que legalmente se consideran “fondos ajenos”, similares a otros descuentos de nómina destinados a aseguradoras, servicios funerarios o pensiones alimenticias.
Añade que estos recursos dejan de formar parte del presupuesto estatal al provenir del sueldo devengado por los empleados.
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En su posicionamiento, Guerrero advierte que, de prosperar la tesis de la Fiscalía de que los recursos son públicos, deberían investigarse y procesarse también a funcionarios de la actual y la anterior administración estatal, tanto de la Secretaría de Educación y Cultura como de la Secretaría de Hacienda, ya que según asegura, el mismo esquema financiero continúa vigente bajo la denominación de Plan de Beneficios Laborales.
Incluso señala que, en la actual administración, los recursos retenidos se depositan en una cuenta bancaria destinada a programas de pavimentación e infraestructura urbana para municipios, desde la cual posteriormente se transfieren al sindicato, lo que a su juicio evidenciaría un uso similar del mecanismo que hoy se le reprocha.
Guerrero González también recuerda que, durante su gestión, detectó presuntas irregularidades en la operación del fideicomiso administrado por la empresa Consulta Actuarios, SC, razón por la cual instruyó al comité técnico del plan a presentar una denuncia penal en 2021.
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Posteriormente, señala, la actual administración promovió una demanda civil contra dicha empresa para recuperar recursos de los trabajadores que presuntamente fueron mal utilizados.
No obstante, denuncia que esa demanda civil se encuentra detenida desde finales de 2024 y que la investigación penal fue reorientada en contra de los funcionarios que originalmente denunciaron a la empresa.
Afirma además que la evidencia documental que respalda su versión no ha sido valorada por los juzgadores, pese a formar parte de la carpeta de investigación.
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Finalmente, el exsecretario exigió transparencia, respeto a la presunción de inocencia y libertad para que el sistema judicial resuelva el caso sin presiones externas.
Asimismo, reclamó que se reactive el proceso civil contra la empresa administradora de los fondos y advirtió que su encarcelamiento lo convierte en el único imputado privado de la libertad por un esquema que, asegura, sigue operando en el gobierno estatal.
La Fiscalía Anticorrupción de Sonora no ha emitido, hasta el momento, una postura pública en respuesta a los señalamientos contenidos en la carta.
aov/cr
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