Un total de 199 de los 212 municipios de Veracruz reestructurarán una deuda que se había vuelto impagable por la llamada bursatilización de participaciones federales, la cual fue impulsada durante el gobierno del priista Fidel Herrera Beltrán.
Con la intervención y recursos del Gobierno del Estado, se liquidará anticipadamente la deuda contratada en 2008 por 199 autoridades municipales, quienes recibieron en una sola exhibición un adelanto de las participaciones federales y en garantía quedaron los recursos de los próximos años.
Y es que de acuerdo con la gobernadora Rocío Nahle García el esquema de financiamiento se había vuelto impagable, pues los ayuntamientos habían aportado más de 3 mil millones de pesos por una deuda original de mil 500 millones de pesos. Y aún restaba una cantidad considerable.

En un comunicado de prensa, el gobierno estatal informó que con el respaldo unánime de los 199 ayuntamientos involucrados, se inició oficialmente la ruta jurídica, técnica y financiera para liquidar la bursatilización, “considerada uno de los esquemas neoliberales más costosos en las últimas décadas”.
Se trata de la Estrategia de Saneamiento Financiero Municipal, mediante la cual se lograron construir consenso entre municipios de distintas fuerzas políticas para desmontar un mecanismo que mantenía comprometidas sus participaciones federales y limitaba la inversión en obra pública y servicios básicos.
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Tras la entrega de las actas de Cabildo aprobadas por los ayuntamientos, el proceso avanzará ahora bajo un calendario técnico y jurídico coordinado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Finanzas y Planeación, para extinguir formalmente la deuda antes de concluir julio.
El cronograma establece que el 5 de junio iniciará la validación documental de los 199 municipios; el 15 de junio se firmará el convenio oficial del nuevo mecanismo estatal y el 20 de junio se realizará la sesión final de confirmación con representantes regionales.
La fase decisiva comenzará en julio: el primero de ese mes, el Gobierno del Estado notificará al fideicomiso y a los tenedores bursátiles la decisión de liquidar anticipadamente la deuda; el 21 de julio se transferirán los recursos correspondientes y el 27 de julio se prevé la cancelación definitiva de los certificados bursátiles.
De cumplirse los tiempos establecidos, agosto marcaría el primer impacto directo para los ayuntamientos, que comenzarían a recibir completas sus participaciones federales, sin las retenciones aplicadas por Hacienda.
La propuesta estatal contempla que el Gobierno de Veracruz absorba el 75 por ciento del adeudo y los municipios el 25 restante, bajo un esquema sin cobro de intereses y con plazo máximo de liquidación al año 2030, adelantando seis años el vencimiento originalmente proyectado para 2036.
Además del saneamiento financiero, la administración estatal estableció mecanismos de corresponsabilidad para garantizar que los recursos liberados se destinen prioritariamente a pavimentación, drenaje, alumbrado público, agua potable y seguridad.
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