Cuernavaca.— A 11 años del decreto de la Alerta de Violencia de Género (AVG), la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) afirmó que observan con preocupación que el feminicidio crece al amparo de la impunidad y no se aplican todas las medidas de atención, prevención, investigación y sanción para erradicar el delito y garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
Este mecanismo, dice la organización, obliga al Estado a aplicar políticas públicas de emergencia, frente a los 72 crímenes violentos de mujeres perpetrados en lo que va de este año.
El último caso ocurrió el sábado pasado en el interior de una vivienda de la colonia Francisco Villa del Pueblo Mágico de Xochitepec, donde una mujer fue hallada sin vida.

“Mientras haya simulación y omisión institucional en su aplicación, se estará incumpliendo un mandato legal que ha demostrado su eficacia cuando se lleva a la práctica en determinados momentos a lo largo de estos 11 años”, sostuvo Juliana García Quintanilla, fundadora de la CIDHM e integrante del grupo que gestionó la AVG en Morelos, en agosto de 2015.
En febrero, la comisión informó sobre la documentación de mil 655 feminicidios en Morelos en los últimos 25 años y exigió a las autoridades acciones urgentes para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
Dos meses después, la secretaria de las Mujeres en Morelos, Clarisa Gómez Manrique, declaró que solicitaría al gobierno federal la revisión para salir de la Alerta de Violencia de Género, porque esta administración ha cumplido con la mayoría de las medidas establecidas para combatir la violencia feminicida, incluso aseguró que algunas de ellas han sido superadas.
Desde esa fecha anunció que pediría a la Secretaría de las Mujeres del gobierno de México evaluar el estado actual de la alerta en Morelos, para determinar el estatus que guarda la entidad en materia de atención.
Al respecto, Juliana García afirmó que la desaparición de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), y una Secretaría de las Mujeres sin personalidad jurídica en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, representa un retroceso.
“La desaparición de la Conavim, en enero de 2025, trajo consigo una inacción del Estado mexicano y del ‘Estado del Bienestar’, y no existe en el país una instancia especializada encargada de diseñar, coordinar y evaluar políticas públicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Peor aún, hasta el día de hoy, no se cuenta con una propuesta institucional de igual alcance, ni con un plan nacional para enfrentar la violencia feminicida en todo el territorio mexicano”, afirmó.
En su opinión, aunque en el decreto de creación de la nueva Secretaría de las Mujeres se señala que será la que asumirá la funciones de la Conavim, hasta la actualidad no existe claridad operativa ni jurídica sobre cómo y cuándo lo llevará a cabo, menos aún, su programación y planificación.
Por tanto, agregó, la Secretaría de las Mujeres es un ente gubernamental sin una tarea específica dentro de los Grupos Interinstitucionales y Multidisciplinarios (GIM) de las AVG.
Además, el GIM no ha sesionado de manera presencial desde 2023, y de las cuatro personas académicas que lo deben integrar sólo está en funciones una, por lo que las convocatorias para la integración de las académicas es un hecho impostergable, como lo hemos hecho del conocimiento de quienes tienen la responsabilidad de coordinar su seguimiento, dijo.
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