MC recurre a la CNDH ante inminente desafuero de dos de sus alcaldes en Veracruz; exige medidas de protección

El Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, anunció que acudió ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para exigir medidas de protección para dos de sus alcaldes veracruzanos, a quienes la Fiscalía General del Estado les inició dos procesos penales y pidió su desafuero.

El líder partidista afirmó que no aceptarán intromisiones arbitrarias ni la judicialización selectiva contra los gobiernos del partido naranja, en este caso contra los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván.

“Es inaceptable que los organismos de justicia del Estado sean instrumentalizados como un brazo ejecutor o herramienta de persecución contra adversarios políticos”, lamentó.

Y demandó a la Fiscalía General del Estado y a las autoridades competentes actuar con autonomía, neutralidad y estricto apego al debido proceso y a la presunción de inocencia.

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Se manifestó a favor de que cualquier conducta delictiva sea investigada y sancionada conforme a derecho, pues –insistió- nadie debe estar por encima de la ley y que el respaldo popular otorgado en las urnas no es ni será jamás una patente de corso para la opacidad o el incumplimiento de la norma.

Sin embargo, dijo que resulta profundamente preocupante que mientras Veracruz padece una grave crisis de violencia e impunidad —con miles de familias buscando a sus desaparecidos y cientos de víctimas sin respuesta—, las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia actúen con rapidez selectiva contra la oposición política, mientras muestran una pasividad alarmante frente a los verdaderos delitos.

Al alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, las autoridades ministeriales lo vinculan con la privación ilegal de la libertad y asesinato de la reportera Roxana Ramírez; y al alcalde de Ursulo Galván, Bertín Bravo, se le señala de la desaparición forzada de un empresario y su chofer.

Ambos políticos y sus defensas han afirmado que los expedientes de la Fiscalía General del Estado carecen de pruebas claras en su contra y sólo contienen declaraciones de oídas en su contra.

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Álvarez Máynez denunció que tras las arbitrariedades electorales vividas en municipios como Papantla y Poza Rica (donde los tribunales electorales arrebataron el triunfo de MC), el gobierno estatal busca cooptar a los alcaldes de oposición.

Recordó que incluso la gobernadora llegó a señalar públicamente a un edil como criminal para después integrarlo a las filas de Morena mediante presiones y amenazas, una práctica de persecución que Movimiento Ciudadano no va a permitir.

Por ello, exigió que los procesos legales sigan su curso sin sesgos políticos ni linchamientos mediáticos, e instó a los cabildos de Úrsulo Galván y de Ixhuatlán del Sureste a actuar con plena responsabilidad institucional conforme a la Ley Orgánica del Municipio Libre.

Y es que durante la tarde de hoy el pleno del Congreso del Estado votará a favor o en contra de los juicios de procedencia (desafuero) solicitados por la fiscalía contra los munícipes.

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