Jueces agotan brazaletes electrónicos en Yucatán; sólo quedan 15

Mérida.— Los jueces del nuevo sistema de justicia en esta entidad han recurrido constantemente a dictar el uso del brazalete electrónico para procesados, de tal forma que actualmente 145 personas portan los aparatos que permiten cumplir una medida cautelar impuesta y sólo quedan 15 para ser instalados.

Los aparatos, que permiten ubicar la localización de los implicados mediante un GPS, son equipos que se alquilan a través de varias empresas que trabajan en la importación de los mismos, explicó el director de la Unidad de Medidas Cautelares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Jesús Herrera Góngora.

Herrera Góngora admitió que en el estado se han usado bastante esos aparatos como parte de las disposiciones de los jueces locales en varios procesos vigentes.

“Aún nos quedan en existencia unos 15, pero sí, efectivamente todo dependerá del criterio que aplique el juez a la hora de imponer la sanción o el uso de ese moderno sistema”, señaló el funcionario estatal.

Añadió que también habrá casos en los que se retiren los brazaletes a las personas cuyo proceso concluyó, por lo que éstos se recuperarán y estarán nuevamente disponibles.

El director de la Unidad de Medidas Cautelares informó que se prefirió “alquilar” esos dispositivos porque es una tecnología muy moderna que en uno o dos años cambiará y será obsoleta, por lo que no era conveniente la compra definitiva.

La mayoría de esos equipos representan alta tecnología mediante el GPS y con rapidez de uno o dos minutos de diferencia permiten seguir —aún sin estar físicamente en el lugar— donde está y qué hace la persona a la que se le instaló.

Señaló que personal especializado es el que se encarga de monitorear y estar al pendiente de quienes, por disposición de un juez, portan los equipos, que únicamente pueden ser retirados por las autoridades correspondientes, es decir, la Secretaría de Seguridad Pública y por orden específica de un juez.

Herrera Góngora dijo que son los mismos jueces los encargados de valorar y aplicar su criterio acerca de quién está o no cumpliendo con los lineamientos para tener un brazalete, y quienes no se sujeten a esto, tienen el riesgo de asumir otras disposiciones sobre el proceso que enfrentan.