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Pachuca. - La Secretaría de la Contraloría del Estado de Hidalgo ha presentado en lo que va de este sexenio alrededor de 95 denuncias relacionadas con presuntos actos de corrupción y ha recuperado cerca de 500 millones de pesos entre bienes y recursos económicos derivados de las investigaciones, informó el titular de la dependencia, Álvaro Bardales Ramírez.
De acuerdo con el funcionario, durante un balance en materia de fiscalización se dio a conocer que, del total de las denuncias, 42 corresponden a hechos presuntamente cometidos por proveedores y exservidores públicos de siete dependencias estatales, tres organismos y 10 municipios.
Precisó que estas investigaciones están relacionadas con un monto aproximado de 2 mil 400 millones de pesos. Agregó que parte de las carpetas de investigación continúan en integración ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), mientras que la Secretaría de la Contraloría aporta pruebas y elementos para fortalecer las indagatorias.
El funcionario indicó que también se han promovido 30 denuncias por presuntas irregularidades en la ejecución de obra pública, luego de que durante los procesos de entrega-recepción de administraciones municipales se detectaran diversas anomalías.
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Álvaro Bardales señaló que, durante 2024, Hidalgo ocupó el cuarto lugar nacional en denuncias contra servidores públicos, con un total de mil 712 denuncias, de las cuales mil 325 fueron consideradas procedentes.
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Asimismo, destacó que la supervisión de la infraestructura pública se mantiene bajo un esquema permanente de vigilancia, mediante la participación de auditores, ingenieros, arquitectos, laboratorios de control de calidad y comités ciudadanos de Contraloría Social.
Explicó que, en los casos en que se detectan fallas atribuibles a las empresas constructoras, el Gobierno del Estado hace valer las garantías de cumplimiento, las cuales pueden exigirse hasta un año después de la entrega de la obra.
Como ejemplo, recordó la rehabilitación de 19 bulevares de la zona metropolitana de Pachuca, donde, tras las lluvias registradas el año pasado, se detectaron afectaciones que obligaron a las empresas responsables a realizar las reparaciones correspondientes mediante la aplicación de las garantías establecidas en los contratos.
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