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Cuernavaca, Mor.- En la rendición de su primer informe de Gobierno, la mandataria morelense Margarita González Saravia afirmó que recibió un Estado con rezagos en infraestructura y atención social, instituciones debilitadas, desorden administrativo, y distancia entre el gobierno y la ciudadanía.
Sin mencionar a su antecesor Cuauhtémoc Blanco Bravo, la gobernadora afirmó que desde el principio de esta administración establecieron ante las instancias correspondientes las observaciones que había, y ahora depende de esas áreas, como las fiscalías, de darle seguimiento a los casos.
En octubre de 2024, al inicio de su administración, el gobierno estatal anunció la presentación de seis denuncias, cuatro de ellas de carácter penal y dos administrativas, por el delito de ejercicio abusivo de funciones, contra exsecretarios y extitulares del gabinete de Cuauhtémoc Blanco en el sexenio 2018-2024.
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El entonces consejero Jurídico, Edgar Maldonado Ceballos y la actual secretaría Anticorrupción de Buen Gobierno, Alejandra Pani Barragán, informaron que en un primer bloque de irregularidades detectadas en la compulsa de las actas de entrega-recepción, arrojó un presunto desvío de 40 millones de pesos. Hasta ahora se desconocen acciones legales en contra de los exservidores públicos ligados a Morena.
En entrevista posterior, la gobernadora delegó las actuaciones administrativas y penales a las autoridades correspondientes, porque no quiere meterse en el pasado. “Yo estoy trabajando todos los días por el futuro, poniendo orden en la casa, ya la estamos poniendo muy bonita”, afirmó.
Frente a los diputados del Congreso de Morelos, la gobernadora insistió en su lema de poner orden en la casa para transformar, imponer “reglas donde había abandono”, dijo.
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El primer ámbito urgente, refirió la gobernadora, fue la construcción de la paz en cuyo rubro encontraron instituciones de seguridad sin coordinación y con intereses cruzados.
“La paz exige responsabilidad institucional. Durante años los conflictos entre poderes paralizaron decisiones. Hoy reconozco a esta legislatura el diálogo que ha permitido reconstruir el Estado, reconstruir la fiscalía y restablecer la coordinación para servir a la gente”, sostuvo.
Más adelante habló del incremento de 30% al salario de los policías preventivos como un acto de justicia, de la instalación de 19 arcos carreteros, más de mil 500 cámaras y 12 centros de comando y control para ampliar la vigilancia y la capacidad de reacción en todo el estado.
La gobernadora detalló las acciones de cada una de las secretarías de despacho, y al llegar al sector Salud sólo mencionó que había controlado epidemias.
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