Tuxtla Gutiérrez.— A un año del accidente en el que fallecieron 56 migrantes que viajaban en un tráiler en Chiapas, se desconoce si hay investigaciones sobre el caso y cómo van, así como qué ocurrió con los lesionados y sus familias, dijo Sandybell Reyes, integrante de la organización Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes.
Esta organización exige que tanto el Estado mexicano como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Migración (INM) y las instituciones de salud pública que trataron a los heridos presenten un informe oficial de lo que ocurrió con los extranjeros.
Expuso que la única información que se tiene es que el chofer se dio a la fuga.
“No hay ningún detenido y lo peor es que estos accidentes siguen presentándose”, expuso la activista.
El 9 de diciembre de 2021, un tráiler que transportaba decenas de migrantes se impactó contra la base de un puente peatonal en la carretera que une a las ciudades de Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez. El saldo del accidente fue de 56 migrantes muertos y decenas de lesionados, provenientes de cuatro países.
Un día después del suceso, los gobiernos de México, Guatemala, Ecuador, Honduras, República Dominicana, Nicaragua y Estados Unidos anunciaron la creación del Grupo de Acción Inmediata contra la red de traficantes de personas. Sin embargo, no se ha tomado ninguna acción efectiva que detenga el cruce ilegal de migrantes, quienes siguen ingresando y cruzando a territorio mexicano guiados por grupos de trata de personas.
Sobre las investigaciones del accidente, fuentes de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chiapas señalaron que no corresponde a la delegación realizar las investigaciones, porque la carpeta la tiene la Fiscalía de Migrantes, en la Ciudad de México.
Sandybell Reyes expuso que aunque hicieron una solicitud formal a las autoridades competentes, no han obtenido ninguna respuesta.
A la fecha, la fiscalía no ha dado a conocer algún hecho relevante relacionado ni actualización sobre este caso.
En noviembre pasado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) instruyó a la Fiscalía General de la República informar a un particular que pidió datos de las órdenes de aprehensión solicitadas y ejecutadas como parte de la investigación del accidente.
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