Cuernavaca, Mor.- María Elena “N”, de 62 años de edad, fue detenida al tratar de meter al penal de Atlacholoaya dos teléfonos móviles ocultos a la altura de la entrepierna, y con ello se convirtió en la primera mujer sancionada con la nueva Ley general para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión.
La ley aprobada en noviembre pasado por el Congreso de Morelos establece una pena de 6 a 12 años de prisión, y multa de 120 a 240 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien, sin la autorización correspondiente, introduzca o intente introducir a un centro de readaptación social, establecimiento penitenciario o centro de internamiento para menores algún dispositivo electrónico o sus componentes que permitan la transmisión de datos, voz, geolocalización o imágenes mediante telefonía fija o móvil, radiofrecuencia, satelital, internet o tecnología análoga.

La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que la detección y aprehensión de la presunta responsable forma parte de la lucha que libran contra la extorsión los integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, mediante operativos interinstitucionales de revisión en los cinco Centros de Reinserción Social estatales, con representantes de Derechos Humanos, a fin de inhibir la introducción de equipos de telefonía celular y combatir este delito de alto impacto.
En esos trabajos, informó la dependencia estatal, durante la visita familiar del 27 de diciembre, en el CERESO Varonil “Morelos”, ubicado en Atlacholoaya, custodios acreditables detectaron a una visita femenina identificada como María Elena “N”, de 62 años de edad, quien ocultaba dos equipos de telefonía celular, marca Honor.
María Elena “N” es una visita familiar acreditada y mantiene parentesco con una Persona Privada de la Libertad (PPL), quien cumple una sentencia de 15 años de prisión por el delito de robo de vehículo automotor agravado.
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María Elena “N”, junto con los teléfonos celulares asegurados, fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) Morelos; en la misma fecha se declaró legal su detención y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, fijándose la audiencia de vinculación a proceso para el próximo viernes 02 de enero de 2026.
La SSPC informó que durante 2025, en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Secretaría de Marina, llevan 22 operativos de supervisión en los cinco centros penitenciarios, con acciones preventivas orientadas a inhibir conductas relacionadas con la extorsión.
aov/cr
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