Derechos humanos de Sonora seguirá feminicidios recientes en el estado

Hermosillo.- Ante la imparable y condenable violencia contra las mujeres, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) determinó tomar de manera oficiosa los casos recientes de feminicidios en Sonora, ocurridos en Cajeme, Hermosillo y Altar.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer , el presidente de la CEDH, Pedro Gabriel González Avilés, destacó que este organismo condena enérgicamente la escalada de violencia contra la mujer en la entidad.

Hizo un llamado de atención a las autoridades para que cumplan con la obligación que les impone la legislación de garantizar su seguridad, así como el cese de la violencia en su contra.

Apuntó que esta Comisión califica la desaparición y muerte violenta de mujeres, actos sumamente deleznables que agravian profundamente a nuestra sociedad, pues la vida es el derecho más preciado del ser humano.

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Si bien es cierto, se han creado leyes encaminadas a proteger y garantizar ese derecho, los recientes acontecimientos exigen que en la práctica las autoridades, en el ámbito de su competencia, implementen con carácter urgente medidas de prevención tendientes a impedir que sigan ocurriendo.

Estableció que por lo anterior, "la Comisión Estatal de Derechos Hunanos ha decidido iniciar de manera oficiosa, quejas en los casos de feminicidios ocurridos recientemente en los municipios de Hermosillo, Cajeme y Altar".

Asimismo, se hace un llamado a la sociedad en general y a los medios de comunicación de la entidad, para que no sigan perpetuando prácticas violatorias de derechos humanos al momento de publicar fotografías o distribuir cualquier información de manera impresa o digital que denigren la dignidad de las víctimas y sus familias.

"A las autoridades de Procuración de Justicia el llamado para que actúen con toda diligencia en la integración de cada una de las indagatorias para encontrar a los responsables y proporcione a la familia de cada víctima la asesoría y atención a que tienen derecho por disposición constitucional y legal”.

Decretar además, medidas de protección que garanticen su seguridad personal a efecto de que no se les cause por parte de autoridades o particulares, daños de difícil o imposible reparación en su integridad física, su salud o su vida, ante su exigencia de justicia, finalizó.

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