Auditoría revela irregularidades en último año de Corral

Ciudad Juárez. — La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua (ASE) detectó una serie de irregularidades relacionadas con el ejercicio de la Cuenta Pública de 2021, las cuales corresponden al último año de gobierno de Javier Corral Jurado (2016-2021)

El documento, entregado ante los diputados del Congreso del Estado de Chihuahua, detectó irregularidades en la Secretaría de Hacienda estatal, el Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), y las secretarías de Desarrollo Rural, de Comunicaciones y Obras Públicas, según explicó recientemente a los legisladores de la Comisión de Fiscalización Héctor Fernando Acosta Félix, auditor superior del Estado.

En la Secretaría de Hacienda de Chihuahua se encontró que para la reestructuración de la deuda pública del gobierno del estado se creó un fideicomiso donde se ingresó el total de los recursos de participaciones federales, y de donde saldrían los pagos para los créditos reestructurados.

Sin embargo, el fideicomiso fue utilizado para contratar los servicios de asesoría de un despacho por un monto de 98.6 millones de pesos; ese contrato no contó con las disposiciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Chihuahua.

El auditor explica que de 170 actividades que debió haber realizado el despacho contratado, 138 entregables son documentos oficiales o relatorías que elaboró la propia Secretaría de Hacienda y no el despacho. Otras 33 actividades no fueron presentadas.

Datos del informe entregado por Acosta Félix indican que en el caso del Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), la Secretaría de Hacienda tenía un pendiente de entrega de recursos presupuestales para el año 2021 de 401 millones de pesos.

Para ello, cedieron los derechos de cobro a favor de BANSI, S.A., Institución de Banca Múltiple, lo que orilló a pagar intereses y comisiones por 24.1 millones de pesos, además de que esta operación de financiamiento debió haber sido aprobada por el Congreso, en razón de que se encontraba dentro de los tres meses previos a la conclusión de la pasada administración estatal, por lo que se ha considerado como una falta.

Según lo revisado por el organismo de fiscalización estatal, en la Secretaría de Desarrollo Rural se pagó una prima de alrededor de 9 millones de pesos para asegurar una cantidad de hectáreas ante el riesgo de sequía o inundación.

Por cada hectárea siniestrada se tenía derecho a mil pesos de indemnización y al finalizar el ciclo se determina que hubo 12 mil hectáreas afectadas.

El pago se hizo a través de una lista denominada Productores 2020, donde había 12 mil supuestos productores. Se determinó dar mil pesos a cada uno de ellos —un total de 12 millones—, en lugar de dar los recursos a quienes acreditaron haber sido perjudicados.

Además, la ASE examinó 400 expedientes, de los cuales 60% contenía información apócrifa, es decir, falsa o alterada.

En la explicación, señaló el auditor superior, de una muestra de esos expedientes, de 83 beneficiarios, 45 no fueron localizados y de los 38 entrevistados, cinco confirmaron no haber recibido el apoyo, 18 dijeron haberlo recibido pero no ser productores agrícolas y 36 señalaron no haber tramitado documentación para ser beneficiarios.

Asimismo, la ASF señala que un número determinado de cheques fueron depositados a una misma cuenta en los municipios de Guachochi, Temósachic, Madera, Bocoyna.

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas pagó un monto de 207.6 millones de pesos por la construcción del edificio del Hospital de Ginecobstetricia en Parral a una empresa que no tenía experiencia en materia de hospitales, lo que era un requisito para lograr dicho contrato. La obra debió haber sido concluida el 7 septiembre de 2021, pero al 25 de septiembre de ese año registraba un avance físico de 65%.