Cuernavaca.- La Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso de Morelos determinó procedente llevar a cabo el juicio político en contra del exgobernador Graco Ramírez; el exsecretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, y la excontralora Adriana Flores Garza.
Con siete votos a favor y tres abstenciones, se aprobó continuar el procedimiento que inició a solicitud de la Consejería Jurídica del Gobierno de Morelos, quien acusa al exgobernador y a los exfuncionarios estatales de no entregar en el Ejercicio Fiscal del 2018 la cantidad de 120 millones de pesos a la Fiscalía General de la entidad, y dos millones 560 mil pesos al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC).
El presidente del órgano legislativo, José Casas González, afirmó que los diputados llamarán a comparecer en los próximos 15 días a Graco Ramírez, Jorge Michel Luna y Adriana Flores, quienes serán notificados del proceso y se les otorgará el derecho de audiencia, para después elaborar un dictamen que será sometido a votación del Pleno y después turnarlo al Poder Judicial.

En noviembre pasado, la Junta Política y de Gobierno (JPyG) del Congreso de Morelos consideró procedentes las solicitudes de juicio político contra de Graco Ramírez Garrido, Jorge Michel Luna y Adriana Flores Garza por causales de omisión.
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La presidente de la Junta Política y de Gobierno, Alejandra Flores Espinoza, precisó que las solicitudes de juicio político fueron presentados el pasado 27 de septiembre por el consejero jurídico del Gobierno estatal, Samuel Sotelo Salgado, bajo causales de omisión porque el exgobernador no transfirió en tiempo y forma el recurso autorizado a la Fiscalía General del Estado y esa omisión, a criterio del denunciante, afectó las funciones de la institución con respecto a la investigación, prevención del delito, asesoría legal y garantizar el debido proceso, entre otras afectaciones.
La segunda solicitud de juicio político estriba en otra omisión de Graco Ramírez por no entregar los recursos aprobados por el Legislativo al Impepac en pleno proceso electoral, lo que en la denuncia se considera como una transgresión a la autonomía y operatividad del órgano electoral local.
Flores Espinoza explicó que el estudio de las solicitudes de juicio político arrojó que reúnen los requisitos exigidos por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, para calificar su procedencia.
Con antelación el Consejero Jurídico señaló que “la caja entregada al Congreso contenía documentales certificadas que fueron proporcionadas por las áreas correspondientes, y si bien el juicio político no deriva en una sanción que amerite cárcel, sí faculta a la autoridad pertinente a dar vista al Ministerio Público para que, de existir conductas delictivas, también se pueden sancionar en dicha instancia”, señaló.
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El avance del juicio político contra el exgobernador Graco Ramírez es posible porque la mayoría legislativa aprobó reformar el artículo 135 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos y estableció el criterio para determinar la mayoría calificada, que para el caso de la LIV Legislatura se cumplirá con 13 de los 20 votos.
En el Congreso de Morelos hay un grupo de siete legisladoras, identificadas con el exgobernador Graco Ramírez, que mantenían las presidencias de la Junta Política y de Gobierno así como la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, los organismos de mayor importancia en el desarrollo y conclusión de un juicio político.
En la reestructuración del Congreso estatal y sus comisiones, la mayoría legislativa quitó todas las posiciones de relevancia al llamado Frente de Legisladoras Progresistas, incluyendo prerrogativas extraordinarias. El bloque opositor anunció la presentación de controversias constitucionales para denunciar los actos presuntamente inconstitucionales de la mayoría legislativa en el Congreso morelense.
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