¿Quién gobierna en Puebla?

Salvador García Soto

Una incógnita recorre Puebla tras la reciente transición del gobierno estatal: ¿quién ejerce el poder real en el estado, el mandatario constitucional que asumió funciones el pasado 1 de febrero, Antonio Gali Fayad, o su jefe político y antecesor Rafael Moreno Valle? La pregunta se basa no sólo en la estrecha relación política y de intereses existente entre los dos personajes, sino también en el hecho de que en el gabinete del mandatario entrante, con el argumento de la “continuidad”, cinco secretarios del gobierno anterior fueron ratificados, entre ellos el influyente titular de Gobernación, Diodoro Carrasco, además de que el Fiscal estatal, el auditor del Estado, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el del Instituto de Transparencia y hasta consejeros y magistrados de los órganos electorales locales y del Poder Judicial estatal, tienen vínculos directos con el ex gobernador Moreno Valle.

La dependencia política de Gali con su antecesor es hasta ahora clara y el escaso margen de maniobra que le dejaron para el año y 8 meses que estará en el cargo hace pensar que eso no cambiará. De hecho, antes de su salida, Moreno Valle no sólo negoció con su sucesor mantener en sus cargos a los secretarios más importantes del gabinete, sino que además completó su “blindaje” jurídico con el nombramiento, desde el Congreso local, el último día de su gobierno, de tres magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del estado: Israel Mancilla Amaro, Marcos Moreno Gavaldón y Héctor Sánchez, los dos primeros ex funcionarios y muy cercanos al gobernador saliente y a su esposa, Martha Ericka Alonso, actual dirigente del PAN en Puebla.

Porque ese es otro elemento que apunta a que los analistas empiecen a hablar de la reedición de un “Maximato” como el que vivió Puebla con Maximino Ávila Camacho, quien controló el gobierno estatal desde 1937 que fue electo hasta 1945 con gobernadores a los que manejaba a su antojo. El control brutal y absoluto que ejerció Maximino en Puebla hasta antes de ser envenenado por sus propios colaboradores, es hoy recordado en los corrillos políticos de la capital poblana a propósito de un nuevo gobernador que, aunque por un periodo tan breve, parece “atado de manos” por su antecesor y jefe político.

 

El carácter de Gali. Sin embargo, aunque nadie duda de las intenciones transexenales de Moreno Valle, que van incluso más allá de la actual gubernatura, con el proyecto de perfilar a su esposa Martha Ericka como posible candidata del PAN en 2018, hay otros panistas que se mueven en contra de la idea de un “Maximato” que le dé al ex gobernador el control del estado por los próximos ocho años. Uno de ellos es el diputado federal Juan Pablo Piña Kurczyn, hijo del ex gobernador priísta de Puebla Mariano Piña Olaya, y quien después de haber sido secretario particular y consejero jurídico en el gobierno de Moreno Valle, se distanciara del ex mandatario y hoy se ve más cercano a Ricardo Anaya.

Piña Kurczyn fue el único de los diputados poblanos del PAN que se rebelaron en contra de Moreno Valle en la votación en diciembre pasado de la Ley de Ingresos que autorizó el “gasolinazo”, ordenada por el ex gobernador al coordinador poblano en San Lázaro, Eukid Castañón. Esa rebelión le valió acusaciones de “traidor” de los morenovallistas, aunque lo acercó al grupo de Marko Cortés, coordinador de la bancada blanquiazul, quien fue reservado sobre el artículo transitorio en que se incluían los aumentos a gasolina y diésel a partir del 1 de enero pasado.

Por eso la gran interrogante es qué papel jugará el gobernador Tony Gali en los planes transexenales de Moreno Valle. La duda es si una vez que se afiance en el cargo, Gali buscaría mayor independencia de su antecesor o si, acotado como está y con morenovallistas como Diódoro en su gabinete, el gobernador poblano no tendrá muchas lealtades que le apoyen en el momento de intentar dar un manotazo a su antecesor.

El incidente más tenso que llegaron a tener Rafael Moreno Valle y Antonio Gali durante la campaña fue el día que a Gali invitó a Ricardo Anaya a un acto posterior al debate entre candidatos, sin consultar a Moreno, el 12 de mayo de 2016. Cuentan cercanos al hoy gobernador que al enterarse Moreno Valle llamó encolerizado al abanderado: “!Cómo se te ocurre invitar a ese cabrón! ¿a quién le preguntaste? No puedes invitarlo, te exijo que retires la invitación”, le dijo. Pero para sorpresa de Moreno Valle su delfín no acató la orden: “No voy a desinvitarlo y hay problema por eso hoy mismo presento mi renuncia a la candidatura”. El tono del gobernador cambió ante la amenaza. “No, tranquilízate, pero esas cosas tienes que consultarlas antes”. Y Anaya estuvo aquella noche en el Hotel de la zona de Angelópolis celebrando con Gali su desempeño en el debate.

Esa es la gran pregunta que hoy muchos se hacen en Puebla: ¿Antonio Gali se sentará realmente en la silla de gobernador y ejercerá el poder que (“haiga sido como haiga sido”, Calderón dixit) se ganó en las urnas? Si eso ocurre el juego de poder en Puebla puede cambiar; si no, el actual mandatario será sólo un títere que dará paso al nuevo maximato del morenovallismo que conocerán los poblanos.

 

¿Quién quiere desaparecer al Fonhapo? En momentos en que las dificultades económicas del país se agravan, la inflación se dispara y el aumento en las tasas de interés encarecen el crédito y el dinero, en el gobierno federal algunas áreas encargadas de atender a la población más pobre y vulnerable, lejos de recibir apoyos, están siendo torpedeadas desde adentro con intenciones poco claras que apuntan a su desaparición. Es el caso del Fonhapo, o Fondo Nacional de Habitaciones Populares, que enfrenta una parálisis interna y problemas administrativos que tienen frenados los recursos que deben llegar a los sectores más necesitados en el medio rural mediante el Programa de Apoyo a la Vivienda (PAV).

El tema que involucra a dos secretarías y a sus titulares, Rosario Robles de la Sedatu y Arely Gómez de la Función Pública, comenzó hace poco más de un año con la llegada de Elizabeth Ann Vizcarra Peralta como titular del Órgano Interno de Control del Fonhapo, cuyo director es Ángel Islava Tamayo. A Vizcarra Peralta, quien proviene del Estado de México y es cercana a Los Pinos, la acusan de iniciar un “proceso de intimidación sistemática” mediante procesos de inhabilitación y despido de directores y subalternos, que han interpuesto demandas y quejas ante la Comisión de Derechos Humanos por presuntos abusos de la titular del Órgano Interno, a la que acusan de maltrato, invasión a la privacidad de las personas y otras violaciones.

Las acciones del OIC comenzaron a generar un caos administrativo que afectó la asignación de contratos a delegaciones y municipios y el flujo del presupuesto, que el año pasado era de 2 mil 333 millones de pesos destinados a apoyar a la población más pobre a través del Programa de Apoyo a la Vivienda. Eso ha ocasionado que cada vez más organizaciones y municipios demanden recursos y amenacen con tomar las instalaciones del Fonhapo ante la retención de los apoyos de vivienda.

El conflicto administrativo y operativo también retuvo el contrato para dotar de equipo de cómputo a las 90 personas que operan en campo, y sin computadoras es imposible realizar el registro de beneficiarios y canalizar los subsidios del PAV. Todo ese lío interno, que hoy tiene paralizado al Fonhapo, fortalece las sospechas que tienen sus trabajadores y directivos de una acción para desaparecer al organismo y reasignar los recursos que este año superan también los dos mil millones de pesos. Sólo así se explica que ante la parálisis generada por Elizabeth Ann, ni siquiera el director general del organismo Angel Islava, haya podido hacer nada, ante los apoyos y conexiones que tiene la contralora. ¿Quién quiere desaparecer al Fonhapo, organismo creado en 1947 y que cumple una función social importante para dotar de vivienda a campesinos, productores agrícolas, forestales y pecuarios?

Porque lo más extraño del caso, dicen en el Fondo, es que después del caos que llegó a generar la contralora Vizcarra Peralta, que prácticamente tiene inmovilizados los apoyos de vivienda para los más pobres, ahora la acaban de premiar designándola nueva contralora de Aserca, otro programa de subsidios sociales, pero ahora en el campo. ¿También allá mandan a Elizabeth a desmantelar Aserca, como casi lo hizo con Fonhapo? ¿Quién quiere eliminar los recursos que se pagan en subsidios a los sectores más vulnerables y con qué objetivo?, ¿acaso querrán mover esos fondos para las campañas que vienen en el Estado de México o en 2018?, ¿quieren hacer un cochinito electoral a costa de quitarle apoyos a los más desprotegidos? Urge que la Auditoría Superior de la Federación revise el asunto, ante la pasividad mostrada por la Sedatu y la Función Pública en un tema tan delicado por su grave impacto social.

 

Notas indiscretas… José Luis Durán rechaza que Josefina Vázquez Mota sea la única panista que aparece bien posicionada en las encuestas. El aspirante panista a la gubernatura, quien ha sido dos veces alcalde de Naucalpan, diputado y subsecretario de Gobernación, afirma que los sondeos en los que se afirma que Vázquez Mota es la aspirante más competitiva que tiene el PAN “están manipulados”; denuncia un intento de imponer “a como dé lugar” a la ex candidata presidencial desde las cúpulas del partido. “Yo tengo sondeos en donde aparezco con mucho más intención del voto que Josefina”, afirma, y muestra una encuesta en donde él aparece con 30.65% contra 31.41% de Delfina Gómez de Morena. “Si se cierran al compromiso de que sea Josefina la candidata única, el PAN perderá la oportunidad de ganar el Estado de México”, afirma Durán, quien dice que peleará hasta el último momento la candidatura blanquiazul, aunque no lo hará por la vía de la impugnación legal, como sí lo hizo el diputado Ulises Ramírez, quien ya interpuso un recurso en contra de la designación de candidato por parte del CEN panista, que preside Ricardo Anaya… Los dados cierran con Escalera. Semana redonda

 

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