Justo cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto acelera la extradición de Joaquín Guzmán Loera —que podría ocurrir este mes— una bomba amenaza con complicar ese proceso, tanto a las autoridades mexicanas como a las de Estados Unidos. Las declaraciones de la hija mayor del Chapo Guzmán, Rosa Icela Guzmán Ortíz, al diario inglés The Guardian, en las que acusa la existencia de “un pacto con el gobierno”, según el cual el capo entregó dinero a campañas políticas para no ser molestado, además de “un acuerdo” para su fuga del penal del Altiplano, remiten obligadamente a dos preguntas que el gobierno de Peña no ha podido o no ha querido responder: ¿Quién pactó con El Chapo?, y ¿quién lo ayudó a escapar?

Porque la hija del narcotraficante habla de “cheques entregados (por su padre) a la campaña de un político” y amaga con hacer públicos esos documentos, lo que exhibiría la inacción del gobierno de Peña Nieto contra la red de complicidad política que protegió al Chapo; pero, al mismo tiempo, la joven empresaria radicada en Estados Unidos, donde fue entrevistada, revela que durante los 6 meses que estuvo prófugo, después de fugarse del penal de máxima seguridad, Joaquín Guzmán habría entrado a territorio estadunidense, al menos en dos ocasiones durante 2015, y hasta se dio el lujo de comprar una propiedad en California cuando se suponía que era “el delincuente más buscado por la DEA”.

“Mi papá depositó el dinero en una cuenta de un banco a través de un abogado y, un tiempo después, vino a ver la casa (en California), su casa. Vino dos veces (en 2015)”, dice segura Rosa Isela Guzmán, en una afirmación que cuestiona y pone en entredicho todo el discurso de la DEA y de todas las agencias de seguridad e inteligencia del gobierno de Estados Unidos, que decían “buscar en todo el mundo al Chapo” y que ahora presiona porque México lo envíe extraditado, cuando entró en dos ocasiones a su territorio, según el dicho de su hija, y hasta compró una propiedad sin que nadie en la administración Obama se enterara.

Así de graves y fuertes son las afirmaciones de la hija mayor de Joaquín Guzmán Loera; tanto, que golpean a los gobiernos de los dos lados de la frontera. En México porque la administración Peña Nieto tendría que explicar por qué en todo este tiempo no ha podido o no ha querido documentar y actuar contra los políticos con los que El Chapo tenía pactos y a los que financiaba a cambio de protección, además del “acuerdo” que le permitió fugarse de un penal de máxima seguridad sin que nadie se enterara. Y en Estados Unidos porque las exigencias con las que Washington y sus agencias de seguridad han presionado y cuestionado a México por la cabeza de este tipo de narcotraficantes —siempre con un aire de superioridad “moral”— quedarían burdamente exhibidas si es verdad que Guzmán Loera se burló de todos los sistemas de inteligencia y seguridad del país más poderoso del mundo y entraba y salía a placer del territorio estadounidense. ¿De qué lado de la frontera responderán primero a los dichos de la hija del Chapo que desnudan y exhiben incapacidad o corrupción en los dos gobiernos? ¿Quién va a tirar la primera piedra?

Los enredos de Beto. Roberto Borge manipuló y presionó tanto el proceso interno para elegir al candidato priísta en Quintana Roo, que no sólo fracturó al priísmo, con la renuncia de Carlos Joaquín que hoy abandera una creciente alianza PAN-PRD; también el gobernador tuvo la habilidad de convertir una “elección de trámite” para el PRI, en uno de los procesos que hoy se ven más difíciles y complicados para el viejo partido.

Porque al final Mauricio Góngora, el alcalde de Solidaridad (Playa del Carmen) que ayer fue nombrado candidato “de unidad”, no era la carta de Borge, que hasta el último momento presionó por su joven amigo, el diputado José Luis Toledo, y ocasionó fuertes tensiones con el CEN del PRI que obligaron incluso a que el presidente Peña Nieto interviniera para llamar al gobernador al orden por vía telefónica.

Eso obligó a Manlio Fabio Beltrones a posponer varias veces el anuncio sobre Quintana Roo. Y es que Borge, en un intento desesperado por ganarle el pleito a su antecesor Félix González, buscó asegurar la postulación de Toledo negociando por su cuenta los términos de una alianza con el PVEM y Nueva Alianza. Pero en su obsesión, el gobernador no midió sus ofrecimientos y le dio todo a sus amigos del “Verde”. Y por todo se refieren a la candidatura en Cancún, que Borge comprometió para uno de los “mirreyes” de Jorge Emilio González, de nombre Remberto Estrada.

Las cosas se tensaron más cuando la diputada local Maribel Villegas, la priísta mejor posicionada en las encuestas para Cancún, amenazó con irse como candidata de la alianza PAN-PRD, con Carlos Joaquín, cuando se filtró que Borge había cedido la candidatura al PVEM.

La negociación de Cancún atoró por dos días la decisión del PRI que finalmente ayer anunció la candidatura de Mauricio Góngora, en un claro golpe al gobernador Borge Angulo y a su labor para complicar la elección por la gubernatura para el priísmo. Ayer al mediodía, Góngora fue llamado a Los Pinos de donde salió pasada la 1:30 de la tarde, cuando ya el Comité Estatal del PRI en Quintana Roo había adelantado el anuncio de su postulación que después fue confirmado por la dirigencia nacional.

Ya se verá si le dan al PVEM la candidatura de Cancún que puede definir la elección estatal; de ser así, Beltrones y Peña Nieto cederían “la joya de la corona” y pondrían en riesgo el predominio priísta en el estado. Y todo por un “mirrey”. ¿O fueron dos?

Niega senador pedir moches. El senador del PAN por San Luis Potosí, Octavio Pedroza Gaitán, envió una carta a esta columna en la que afirma que niega que, a través de asesores suyos, se haya solicitado moche a dos alcaldes de su estado a cambio de 16.3 millones de recursos federales. “Es una información lejana a la verdad; jamás en mis más de 15 años como funcionario público he realizado acto alguno del que tenga qué avergonzarme. He sido presidente municipal de San Luis Potosí, diputado federal y hoy senador. Mi trayectoria la someto al juicio de mis coterráneos. Seguramente quien le informó a usted, falto a la veracidad”, dice Pedroza.

El legislador, quien es secretario de la Mesa Directiva del Senado y preside la Comisión de Fortalecimiento Municipal, afirma tener “testimonio de los dos alcaldes señalados y del tercer funcionario mencionado que en rueda de prensa en mi estado saldrán a desmentir lo imputado a su servidor”. Pide publicar su aclaración y sostiene que “no hay nada más grave que lesionar el buen nombre y el prestigio construido en toda una vida de servicio público decente y honesto”.

Hasta ahí la carta del senador Pedroza. Sólo apuntamos que lo publicado en este espacio tiene como fuente un testimonio directo de quienes estuvieron en la plática en su oficina de enlace en San Luis. Si los alcaldes lo niegan no sorprende. Esas prácticas ocurren en el Congreso federal sin que nadie lo acepte públicamente. Los alcaldes de Guanajuato mencionados en el escándalo de la Cámara de Diputados en 2014 nunca aceptaron públicamente que diputados del PAN les pidieran “comisiones” a cambio de recursos para sus municipios. Ningún alcalde en funciones lo haría, so pena de perder o ver bloqueados recursos para su gobierno. Así que senador Pedroza, no pongo en duda su honestidad y trayectoria, pero los testimonios apuntan a personal de su oficina.

Notas indiscretas…El agarrón de esta semana entre el secretario de Comunicaciones federal, Gerardo Ruiz Esparza, y el secretario de Desarrollo Económico de la CDMX, Salomón Chertorivski, da una idea de lo atorado que está el tema de los terrenos del actual aeropuerto capitalino. Chertorivsky fue directo al advertir —con toda la línea de Mancera— que el gobierno de la Ciudad de México “defenderá con todo la preminencia del destino de esos terrenos” una vez que sean desocupados, porque en esa zona, dijo Salomón, “está el futuro urbano de la ciudad”. La respuesta de Ruiz Esparza fue que “los terrenos son federales” y que cuando se desocupen para lo que “falta mucho tiempo” (8 o 9 años) se tomará una decisión coordinada con el gobierno capitalino, según propuesta que preparan la SCT y la Sedatu a cargo de Rosario Robles. Pero para que no quedará duda, Chertorivsky insistió: “una vez que el terreno quede libre al propietario (gobierno federal) se le deberá tratar como a cualquier otro particular que desea hacer una remodelación o construcción en su casa”, es decir, con los permisos y usos de suelo que la ciudad determina y otorga. El agarrón seguirá. ¿Quién gana este round?... El director del IMSS, Mikel Arriola, tuvo su primera reunión nacional con los delegados de esa institución en el complejo de San Jerónimo. Al clausurar ayer esa reunión, el funcionario leyó las prioridades para el Seguro Social en los estados y a nivel nacional: mejorar la atención médica, reducir el déficit y simplificar trabajadores y patrones. Pidió a los delegados impulsar la agenda presidencial contra la pobreza mediante una alimentación sana, variada y suficiente en guarderías y clínicas rurales, además de acelerar la afiliación de estudiantes al IMSS y difundir entre trabajadores el derecho al ahorro para el retiro e incapacidades por accidente y enfermedad. Vaya agenda la que se propone Arriola… Los dados cierran con Escalera. Semana de altibajos.

sgarciasoto@hotmail.com

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