5 claves para un viraje posible

A EL UNIVERSAL, en su primer, luminoso centenario. A Juan Francisco Ealy Ortiz y su equipo, que lo hicieron posible.

Podrían estar equivocados aquellos que ante las crisis sucesivas en nuestro panorama político dictaminan que ya está entre nosotros, en este otoñal 2016, la sucesión de 2018. Ello no corresponde ni con la lógica del régimen ni con la naturaleza humana.

El quinto año de gobierno marca dos constantes en el ánimo de un presidente: imprimir el último impulso de su gestión y definir su legado, con la esperanza de que sea a través de ese cristal como lo juzgue la historia.

Con el nivel de popularidad más bajo que haya encarnado el ocupante de Los Pinos desde que ese indicador es observado en México, Enrique Peña Nieto cuenta con el breve lapso de unos meses para intentar un viraje que al mismo tiempo sea mensaje y herencia. Es probable, de acuerdo con señales débiles en las últimas semanas, que el eje sea lanzar a su administración a una batalla contra la corrupción.

Resultaría ocioso discutir si debe hacerlo por convicción moral o por conveniencia. El dato duro es que la más pesada losa sobre la Presidencia está ligada a la venalidad pública, en casa y fuera de ella. No hay tema más urgente en la agenda nacional ni factor que atraiga mayores reclamos externos, que el que describe a la política mexicana como un festín de cínicos insaciables de dinero ajeno. Y ello incluye no sólo a funcionarios gubernamentales de todos los niveles, sino a empresarios cómplices.

El gobierno de Peña Nieto parece dar pasos de bebé hacia un deslinde con las expresiones más vulgares de corrupción pública en el país. Un amago de expulsión del partido oficial contra el gobernador priísta veracruzano Javier Duarte y una muy retrasada orden de arresto en PGR contra el mandatario panista de Sonora, Guillermo Padrés, pueden anticipar un golpe de timón o sólo una cortina de humo.

La extensión y profundidad de la corrupción trasciende partidos y ámbitos de actividad. Aquí tiene usted 5 botones de muestra.

1.— En el PRD. De acuerdo con fuentes locales y federales, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, que encarnó la alternancia política estatal, se halla al centro de una red de desvíos que incluye múltiples cuentas bancarias y connivencia con proveedores y constructores. Sólo los montos de cuentas detectadas a su operador Jorge Castillo, entre otros presuntos prestanombres, superan los 7 mil millones de pesos, una parte significativa de la deuda local. Hace años que Castillo no es funcionario público; su último sueldo público fue de 12 mil pesos mensuales.

Los datos surgidos de otros gobiernos emanados del PRD no hacen sino agravar la percepción de cómo se gobierna desde ese partido; lo mismo en la Ciudad de México, con Miguel Ángel Mancera, que en Morelos, con Graco Ramírez, e incluso ya en Michoacán, con Silvano Aureoles.

2.— En el PAN. Guillermo Padrés no sólo fue encubierto por el gobierno de Felipe Calderón, sino también por líderes del PAN, que a punto estuvieron de llevarlo a la presidencia del partido. Los cargos federales son por lavado de dinero y abarcan a parte de su familia y amigos. Localmente el gobierno de Claudia Pavlovich acumula más de un año sin acciones directas en su contra. La nómina de las empresas contratistas tiene vasos comunicantes lo mismo con personajes de Acción Nacional que, dato curioso, con dirigentes y ex mandatarios del PRI.

3.— En el PRI. Además de Javier Duarte y de su homólogo y correligionario de Chihuahua, César Duarte, los señalamientos de corrupción se extienden a casi todos los demás mandatarios estatales del partido oficial, lo que desde luego incluye a Rubén Moreira y su hermano y antecesor, Humberto, en Coahuila. Si de algo ha servido el bloque de gobernadores denominado Conago, lanzado con la llegada del PAN a inicio de los 2000, ha sido para forrar de impunidad a los gobiernos estatales priístas, primera y última frontera en cualquier batalla seria contra la corrupción.

4.— En el Congreso. El cabildeo de legisladores en favor de privados, los despachos propiedad de senadores; en suma, la complicidad abierta, multiplica sus tentáculos en ambas Cámaras. Un personaje acumula señalamientos: Emilio Gamboa, protector del gobernador Javier Duarte, cercana influencia en temas ligados a las comunicaciones y telecomunicaciones. A su círculo se le atribuye estar frenando una iniciativa presidencial que desde hace meses busca fortalecer la seguridad de los puertos mercantes con personal de la Marina. Muchas capitanías de puertos son hoy dominio del crimen organizado. El área la controla Guillermo Ruiz de Teresa, coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la SCT, un viejo aliado político de Gamboa Patrón.

5.— Los señores jueces. Es un secreto a voces que en la Judicatura Federal existe un “cártel” de jueces velando por los intereses del narcotráfico, otro ligado al contrabando de vehículos; uno más a cargo de negocios privados y sus asuntos con el fisco. Desde la reforma de 1994 que reformó al máximo tribunal, no existía el actual nivel de indicios sobre negocios en los juzgados.

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