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Sergio García Ramírez, uno de los juristas mexicanos más notables y ex titular de la Procuraduría General de la República (de 1982 a 1988), describió alguna vez el perfil ideal para encabezar esa dependencia: “Debe ser un abogado de gran prestigio… que esté dispuesto a perderlo”.
Singularmente y según especialistas en el tema, García Ramírez integra —junto con sus homólogos Jorge Carpizo (93-94) e Ignacio Morales Lechuga (91-93)— una reducida lista de ex responsables de la PGR que preservaron su prestigio personal y lograron cierta renovación en esta institución rígida, burocrática, plagada de grupos internos, y políticamente considerada una olla de ácido.
En esos zapatos debe medirse y en esas aguas navegar Arely Gómez (ciudad de México, 1952), quien en marzo pasado asumió el cargo tras relevar a un Jesús Murillo Karam desgastado o, para ser más precisos, harto por el curso de asuntos sensibles no sólo fuera (Ayotzinapa), sino también dentro del gobierno federal, como el escándalo de Ficrea, cuyas implicaciones apuntaban a funcionarios de la Secretaría de Hacienda.
Si Murillo se desempeñaba como un panzer alemán, Arely Gómez busca ejercer de ajedrecista: no presenta batallas directas, muestra ropajes de candidez, pero desarrolla estrategias hasta ahora eficaces.
Con poco más de 100 días en el cargo, Gómez González ha roto ya con el guión que la anticipaba como una abogada sin suficientes luces y una operadora subordinada al primer círculo de Los Pinos. Desde el inicio pactó el apoyo del presidente Peña Nieto y, salvo algunas definiciones externas clave, designó en forma directa a los principales funcionarios de la Procuraduría, donde ha construido un equipo propio estable, con experiencia, solvencia técnica y discreto.
Un balance inmediato de su breve tarea incluye una nueva visión sobre la próxima Fiscalía General de la Nación. La misma fue creada por reforma constitucional en febrero de 2014, pero requiere una ley reglamentaria que sigue en el limbo pues fue enviada por Peña Nieto en septiembre del año pasado y tiene ya el aval del Senado, pero se atoró en Diputados.
En San Lázaro ya se sabe que si Arely Gómez impulsó esa ley como senadora, como procuradora promoverá cambios, que se anticipan sanos, como reducir la discrecionalidad del titular y dotar de mayor transparencia a la institución. Al final el Congreso revisará otro concepto de Fiscalía. Una novedad será que Mariana Benítez, quien fuera la poderosa “número dos” de la PGR con Murillo Karam, es ya diputada electa y tendrá a su cargo una parte central de estos temas.
Segunda mujer procuradora en la historia del país, la mayor tarea de Arely Gómez será construir la citada Fiscalía sin demoler a la PGR en el camino, lo que se antoja un ejercicio casi imposible. Su mayor riesgo será asumirse la próxima fiscal, un poderoso puesto, cuyo titular durará al menos 9 años, con autonomía constitucional.
La nueva procuradora ha establecido un grupo cercano en la PGR, formado por José Alberto Rodríguez Calderón, quien sucedió a Mariana Benítez en la influyente Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos; Samuel Valentín, oficial mayor; Eber Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos, y Salvador Sandoval, jefe de asesores, a los que se suman Santiago Nieto, fiscal de la Fepade, y Christian Ramírez, para quien creó la jefatura de la Oficina de la Procuradora. Se trata de personajes que la han acompañado en distintas etapas de su vida pública, tanto en el Poder Judicial de la Federación, al que estuvo ligada casi 30 años, como en su tarea al frente de la Fepade, que ocupó entre 2007 y 2010.
No debe escapar que el citado Christian Ramírez, quien ha sido su colaborador antes, es hijo de Noé Ramírez Mandujano, amigo personal, asesor informal de Arely Gómez y ex jefe policiaco en PGR procesado penalmente por instrucciones del actual ministro de la Corte y entonces procurador Eduardo Medina Mora (2006-2009), en lo que fue bautizado como Operación Limpieza, que resultó en fiasco porque todos los implicados fueron eventualmente absueltos.
Dos posiciones clave sí fueron cubiertas desde Los Pinos: Felipe Muñoz, subprocurador de Delincuencia Organizada —casi una procuraduría en sí misma—, cuya llegada se anticipaba ya desde la gestión de Murillo Karam, gracias al apoyo del jefe de la Oficina y el consejero jurídico de la Presidencia, Aurelio Nuño y Humberto Castillejos, respectivamente. Otro caso similar es el de Tomás Zerón Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal, la antigua AFI. Especialmente con el segundo ha crecido una tensión que llevó a Arely Gómez a ubicar contrapesos leales en su entorno.
Nada mal en principio para esta mujer cuyas aspiraciones previas para diversos cargos (consejera electoral en el IFE, consejera de la Judicatura, procuradora de Puebla) habían resultada frustradas. Pero que ahora, si libra un camino lleno de acechanzas, puede convertirse en la primera fiscal de la nación.
rockroberto@gmail.com
