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¿Cómo llamar a aquél que triunfa y no es capaz de darse cuenta? ¿Cómo nombrar a quien nada satisface? ¿Qué adjetivo usar para quien se volvió adicto a la protesta? ¿De qué manera conjurar el enamoramiento con los méritos propios y el desprecio por los ajenos? ¿Cuál es el remedio a la excesiva admiración hacia uno mismo?
¿Qué hacer con el más mezquino de nuestros vicios sociales: la vanidad?
El martes de esta semana la sociedad obtuvo un logro extraordinario. Por primera vez en la historia del país una iniciativa ciudadana fue aprobada por el Senado de la República en prácticamente todos sus términos.
Se trata de un proyecto legislativo que destruye el núcleo atómico de la corrupción mexicana y que por tanto va a cambiar en sus estructuras principales el privilegio, la arbitrariedad y el abuso de las autoridades políticas.
¿Por qué no ser capaces de reconocer lo sucedido y en vez de ello apedrear el logro común?
El sistema anticorrupción incluye más de 700 artículos dispersos en siete leyes distintas. Es una verdadera muralla a favor de la legalidad.
Entre sus atributos está que será encabezado —como no sucede en ninguna otra parte del mundo— por un Comité Ciudadano, en cuya conformación nada tendrán que ver partidos ni políticos.
Este sistema orquestará de manera armónica a las instituciones que hasta hoy tenían como responsabilidad fragmentada perseguir actos de corrupción. En términos del pescador, cerrará la red para que no puedan escaparse los peces, sin importar que sean gordos, flacos, grandes o pequeños.
Al fin sentarán en una misma mesa la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Fiscalía Especial Anticorrupción y el Consejo de la Judicatura Federal; todos coordinados por una persona elegida por la ciudadanía.
Ahora sí estos órganos tendrán dientes para castigar, tanto por la vía administrativa como por la penal. La Auditoría y la Función Pública fueron dotadas de facultades amplísimas para ello.
Habrá también nuevos tipos penales para que la Fiscalía lleve tras las rejas a los más corruptos, y ese órgano contará con autonomía para que las presiones políticas no guíen su comportamiento.
El sistema anticorrupción aprobado en el Senado impondrá su mandato sobre todos los funcionarios públicos del país sin importar que sean municipales, estatales o federales.
A partir de esta reforma todos los funcionarios —hayan sido nombrados por votación o por la burocracia— estarán obligados a presentar declaraciones de bienes, conflicto de interés y pago de impuestos. Sobre ellos caerán obligaciones de transparencia y publicidad que hace sólo unos cuantos meses eran impensables.
Todo este andamiaje complejo y bien diseñado contra la corrupción fue un logro ciudadano. Fue el resultado de más de 600 mil firmas y es la conclusión de un esfuerzo largo entre decenas de organizaciones sociales y ciudadanos. Este éxito es la prueba incontrovertible de que el país puede cambiar si las personas de a pie agregamos voluntades alrededor de un mismo propósito.
Como dijo Eduardo Bohórquez, vocero del frente amplio de organizaciones, lo más notable es que se haya obtenido este objetivo por la vía institucional. Sin la crisis que implica derrocar a un presidente, como sucedió en Brasil o en Guatemala, y en ausencia de las violencias que en otros tiempos han desembocado en ejecuciones o golpes de Estado.
Lo hicimos todos, en efecto, a través de la ruta de la paz.
Y sin embargo por un solo tema, por una sola pieza —pequeña en comparación con la grandeza del conjunto— se quiere desestimar el esfuerzo.
Es cierto que quedó pendiente determinar el formato con el que los funcionarios habrán de hacer pública su declaración de bienes patrimoniales. La iniciativa aprobada propone dejar este punto en manos del futuro Comité Ciudadano.
Es vanidad desestimar cuanto se obtuvo por una nimiedad. Sobre todo cuando la Cámara de Diputados puede todavía corregir y cuando el Comité Ciudadano habrá de estar integrado por las mismas personas que impulsaron esta gran iniciativa.
ZOOM: La vanidad se define como el orgullo del individuo que tiene en un alto concepto sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado. No sólo es mal de los políticos, entre los líderes de la sociedad también se padece, grave, esta enfermedad.
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