Economía de la extorsión I: alto costo económico y social

La extorsión se ha convertido, en México, en el principal freno de la inversión, el crecimiento y la productividad. No obstante, no ha recibido todavía la atención que merece como obstáculo al funcionamiento de la economía, ni se considera su reducción como prioritaria en las políticas públicas.

Con frecuencia se dice que México ha hecho todo lo que se ha recomendado en materia de reformas pero que, a pesar de ello, la economía crece por debajo de lo deseado y posible. La verdad es que sí se han hecho muchas reformas, varias profundas y transformadoras, pero también, en algunas ocasiones, se ha reformado a medias o no se han tocado a los grupos de interés opuestos al cambio. Es claro que el gran pendiente del país es avanzar en el ámbito del imperio de la ley y el respeto de los derechos de propiedad. No sólo, ni sobre todo, de los derechos de propiedad privada, sino de los derechos propiedad del fruto del trabajo, de la creación intelectual, y de la propiedad pública y comunal.

La principal fuente de violación de estos derechos proviene de la extorsión que se convierte en una suerte de impuesto prohibitivo, en especial para las pequeñas y medianas empresas. El costo de este “impuesto” es elevado al hacer inviables inversiones productivas que, en ausencia de la extorsión, serían económicamente viables, al tiempo que agudiza la desigualdad ya que las empresas y grupos más favorecidos son, en los hechos, menos sujetos a la extorsión.

El costo es elevado no sólo por el impacto de la inversión no realizada, sino por los efectos dinámicos: sin las inversiones amedrentadas por la extorsión no se obtienen el avance y transferencia tecnológicos, la creatividad, economías de escala, economías de enfoque, desarrollo regional, creación de empleos formales, seguridad social y otros beneficios. Más aún, la ausencia de estos beneficios obliga al gobierno a gasto social que de otra suerte no tendría que llevar a cabo en seguridad, salud, educación, infraestructura, pero con una base gravable pequeña consecuencia de la menor inversión privada. Es decir, la industria creciente de la extorsión como círculo vicioso que entorpece el desarrollo.

Con extorsión, el tamaño del mercado y las posibilidades de distribución del ingreso resultante son menores. Aunque al principio pudiese parecer que hay un costo de no participar en ella (trámites más lentos, más difícil encontrar un lugar para estacionarse, mayor inseguridad) al final, una reducción significativa de la extorsión implicaría tasas de crecimiento más altas, empleos formales, mayor competencia, señales de precios que premiarían el esfuerzo y la inversión y una mayor probabilidad de éxito.

Aunque la extorsión afecta a todos los agentes económicos, lo hace desproporcionadamente a los más pequeños. Por eso, las empresas pequeñas y medianas tienden a trabajar en la informalidad donde con frecuencia la extorsión es de ventanilla única, que en la formalidad donde las posibilidades de extorsión se multiplican.

Peor aún, las probabilidades de extorsión aumentan con el éxito de las pequeñas empresas. En cuanto empiezan a desarrollar un nuevo producto o servicio atractivo para el cliente y sus ventas crecen, se ven sujetas a extorsión de varios tipos. Una empresaria dedicada a la preparación y envase de salsas para cocina contaba cómo el éxito generó una avalancha de extorsión: primero de un líder sindical que emplazó a la empresa a huelga a pesar de no contar ni con la simpatía, ni con el conocimiento de ninguno de los empleados. Después, por el municipio por uso del suelo del predio o permiso de construcción, protección civil, autoridades laborales, sanitarias, ambientales y otras. El común denominador de estas interacciones no era proteger los derechos de los trabajadores, o de los consumidores, o de los ciudadanos, o del medio ambiente, sino extraer una renta cotidiana.

El problema no para allí. Si se pueden superar los obstáculos relacionados con la operación, las empresas después se enfrentan con los de transporte, distribución y comercialización. Esto implica lidiar con el gremio transportista, policías municipales, estatales, federales, con mayoristas, mercados y puntos de venta al detalle. En esta cadena también se multiplican las posibilidades de extorsión.

Para enfrentar esta realidad, las empresas grandes llevan a cabo importantes inversiones e integración vertical. Por ejemplo, muchas compañías grandes y exitosas tienen sus propias flotas para el transporte y distribución de sus productos, mientras que en otros países las empresas utilizan servicios de terceros para el transporte y distribución y no están integradas verticalmente. Estas inversiones permiten la expansión de las ventas y crean una ventaja a la que no pueden aspirar las pequeñas y medianas.

De hecho, la relativa inmunidad a la extorsión por el tamaño, crea un incentivo para que cuando una mediana tenga éxito, sea adquirida por una mayor para que el producto exitoso quede incorporado en una infraestructura menos susceptible a la extorsión. Este fenómeno reduce las posibilidades de competencia económica en el mercado. La solución, sin embargo, no consiste en penalizar las inversiones e integración vertical sino en reducir la prevalente extorsión.

La extorsión implica también un elevado costo en creación de empleos formales. Si se la eliminara o redujera, la economía mexicana experimentaría una explosión de apertura y crecimiento de empresas medianas. Es allí donde se daría el incremento en la productividad laboral y empresarial necesario para tener altas tasas de crecimiento del producto interno bruto. El establecimiento de estas empresas representa la única manera de generar oportunidades de empleo productivo para trabajadores potenciales hoy en actividades de bajo valor agregado o dependientes de empleos o programas públicos.

La extorsión es una práctica extendida; se ha vuelto, en muchos casos, una forma aceptada de operar no circunscrita al crimen organizado. La extorsión también se da por el abandono de responsabilidades por los gobiernos, que son ocupadas por otros grupos que extorsionan al ciudadano. Cuando gobiernos no cumplen con el respeto de los derechos de propiedad, grupos criminales se apropian de la función de ejercerlos.

El primer paso para superarla consiste en reconocer su presencia constante en la relación entre ciudadanos, empresas y gobiernos para la obtención de permisos y la inspección para el cumplimiento de normas de todo tipo en los ámbitos federal, estatal y municipal. Mucho se había avanzado en la reducción de la corrupción y extorsión federales, pero se tiene hoy la impresión de que se regresa a niveles ya superados. En el caso de gobiernos estatales y municipales hay una percepción generalizada de una creciente extorsión.

No es una casualidad que la extorsión florezca en un clima de impunidad. Los extorsionadores piensan que, si es una práctica extendida e impune, ellos también pueden llevarla a cabo. Para revertirla e incluso erradicarla es necesario no sólo avanzar en la persecución de la extorsión criminal, sino volverla culturalmente inaceptable y entender que no participar en la extorsión es mucho mejor para todos en términos económicos.

@eledece