Los tiempos de la inconstitucionalidad

¿Cómo entender las recientes acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la PGR, es decir, del gobierno de Enrique Peña Nieto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)?

En lo inmediato, sin duda que hay una clara señal política: la desaprobación del gobierno federal priísta a gobernadores de su partido que quieren sus respectivos “paquetes de impunidad” (término muy bien posicionado por el PAN, por cierto). El timing es cuestionable, digamos, tras perder las elecciones y con una indignación social creciente.

También tiene otra función: sirve de advertencia. Si otros gobernadores-virreyes están pensando en lo mismo, aguas. Hay razones para pensar que no es legal (legítimo y ético ya sabemos que no es).

No es algo menor, pero ahora, como un método para perseguir presunta corrupción, no sirve de gran cosa en lo inmediato y ante el hecho de que estos tres gobernadores —los Duarte: César y Javier, y Roberto Borge— dejarán el poder en unos cuantos meses.

Es algo que no se va a resolver pronto. ¿Por qué? Pues porque la SCJN tiene sus tiempos. Y no son los mismos que los de la indignada opinión pública ni la de los tiempos electorales ni de la renovación de los gobiernos estatales. Tampoco tendría por qué serlo.

Actualmente, la Corte tiene listadas 73 acciones de inconstitucionalidad. ¿Sabe cuánto tardan en resolver los ministros cada una de ellas? Bueno, en promedio, dictaminan seis por mes, pero van por orden. No porque la mande el Presidente la van a poner en lo alto de sus expedientes. No es “enchílame otra”, tampoco, dirían por ahí. Cada ministro prepara el tema, se tiene que argumentar y votar en pleno.

Mientras tanto, ojo, el nombramiento o la ley impugnada sigue siendo válida hasta que se decrete la inconstitucionalidad. Lo digo por dos de los casos señalados: tanto en Quintana Roo como en Chihuahua ya son ley, ya se aprobaron. No así en Veracruz. Una de tres.

¿Qué pasaría si los ministros votan que las leyes locales que permiten que los gobernadores nombren a sus fiscales-tapaderas es legal? Aunque considero que es poco probable, ¿qué haría esto para el Sistema Nacional Anticorrupción en su conjunto? Sería un madrazo. Uno devastador. ¿Uno que convendría al gobierno federal que, aunque dice que va con todo por el Sistema parece que a veces no da pasos en esa dirección? Perdonen que sea malpensada.

¿Podría ser una manera del gobierno federal de patear para adelante y responsabilizar a otro actor —que está literalmente en otro poder— un problema que requiere de atención inmediata?

Pobres ministros. A últimas fechas, dada la incapacidad o falta de voluntad de muchos otros poderes de ponerse de acuerdo, acaban decidiendo muchas cosas. Desde la hora, en tiempos en los que el horario de verano fue impugnado por AMLO…

Claro, también gracias a la Corte se ha avanzado en temas que políticos, a pesar del avance social, no se habían decidido a proponer. Dos casos son claros: el matrimonio igualitario (la resolución 43/2015 propuso su legalidad en todo el país mucho antes que lo planteara la iniciativa presidencial de EPN que, además, aún falta que se discuta en el Congreso) o la legalización, al menos parcial, de la marihuana.

Es importante, por cierto, subrayar que la acción de inconstitucionalidad contra el gobierno de Chihuahua de César Duarte es también sobre su propio “paquete de impunidad”, aprobado desde abril (él se otorgó el derecho a nombrar y remover libremente a su fiscal anticorrupción) y no sobre el caso de la adquisición de 6 mil millones de pesos de deuda… O “bursatilización”, como dice él.

El tema del mecanismo de seguimiento de la CIDH sobre Ayotzinapa avanza, aunque no como se querría (es decir, rápido). Lo bueno es que salió del ámbito de cancillería donde los términos de negociación son más técnicos y ahora lo lleva Roberto Campa.

Mañana los padres recibirán una segunda propuesta por escrito del gobierno federal y se volverán a reunir para el viernes. ¿Cuáles son los puntos discordantes y en los que hay jaloneos? Tres, básicamente: el acceso sin regateos a fuentes de información (ya saben que ahí con el Ejército se topan); la permanencia o total o con estancias prolongadas de un equipo técnico de la CIDH y que quieren que el relator, Jim Cavallaro o comisionados vengan muy seguido, es decir, como cada dos meses al país. Veremos cómo va.

En diciembre de 2010, ante el congreso local y una larga lista de invitados especiales –entre ellos la otrora líder del SNTE, Elba Esther Gordillo, a quien llamó “mi amiga, mi aliada”--, el nuevo gobernador dio un discurso que hoy, a casi seis años de distancia, dista mucho de lo que dijo a lo que hizo en su gestión.

--Mi compromiso es encabezar un gobierno honesto y firme que dirija sus acciones en la legalidad...un gobierno eficaz, enfocado a la atención y a la respuesta oportuna, donde se privilegie la transparencia y la rendición de cuentas...Un gobierno transparente que rinda cuentas, buenas cuentas...Un gobierno que destierre las prácticas de corrupción.

Esas fueron las promesas de Javier Duarte.

Hoy sabemos que la transparencia, la honestidad y la lucha contra la corrupción no es lo suyo.

No sólo el Sistema de Administración Tributaria y la Procuraduría General de la República tiene a él y a su administración en la mirilla por la utilización de 31 empresas fantasmas para la triangulación de 645 millones de pesos.

Ahora es la Auditoria Superior de la Federación la que informa que, en todo su sexenio, se han presentado 53 denuncias penales por el destino de 18 mil 412 millones de pesos, proveniente de partidas federales, que el gobierno de Duarte pagó a diversas empresas para la realización de diversas obras y servicios, lo cual no se ha podido comprobar.

La ASF informó que antes de presentar alguna denuncia, se pide a las autoridades justificar los montos, si no hay respuesta, se procede.

Por cierto, el dinero faltante es aproximadamente la mitad del presupuesto para este año de la UNAM (39 mil 382 millones de pesos), fue casi el total del presupuesto del INE para 2015 (18 mil 572 millones de pesos), equivaldría al total del presupuesto que en 2015 se destinó a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, por citar unos ejemplos.

Cómo estarán los ánimos en Veracruz que ayer Héctor Yunes, ex candidato del PRI a esa gubernatura y Duarte intercambiaron mensajes vía sus cuentas de Twitter.

Yunes escribió:

--Lamento mucho que un militante de mi partido, @Javier_Duarte, haya encabezado quizá la peor gestión que se recuerde en #Veracruz.

A lo que Duarte respondió:

--Héctor: Yo gané contra el mismo adversario, en tu campaña respeté tu estrategia no esperes un resultado distinto si sigues haciendo lo mismo.

Finalmente Enrique Ochoa Reza fue ungido como el presidente sustituto del PRI. En su discurso de toma de posesión habló sobre hacer un ejercicio de autocrítica, analizar qué han hecho bien y mal. Qué los llevó a perder y ganar el pasado 5 de junio.

Entre los secretarios de Estado que acudieron estaban los titulares de la SEP, Sedesol, Relaciones Exteriores, ¡hasta el doctor Narro!

Fueron 5 gobernadores en funciones los que escucharon parte de su discurso:

--Tenemos que ser un partido que señale la corrupción de los gobiernos emanados de nuestras filas, que exija su fiscalización e incluso su destitución
Cof, cof, lástima que no estuvieron Los Duarte&Borge.

Ah, entre los varios aplausos que se llevó el presidente de PRI están el que le dieron cuando anunció que esta semana transparentaría su patrimonio y presentaría su #3de3. ¡Hasta Emilio Gamboa y César Camacho le aplaudieron! Mmm, ¿será que ambos legisladores seguirán los pasos de su líder? .

Él lo dijo:

“Si los señores de la Federación le quieren seguir por el otro lado, subiendo el volumen, también vamos a subir el volumen”: Miguel Ángel Mancera. Lo dice con respecto al tema de las verificaciones, pero sonó a amenaza. “Los señores de la Federación”. Qué tal.

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