Extraña compra de Pegasus

Las interrogantes en el caso del programa de espionaje Pegasus, usado en nuestro país para espiar a periodistas, políticos y activistas, no hacen sino incrementarse. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) elaboró esta semana una investigación, publicada por esta casa editorial, en la que se asegura que la Procuraduría General de la República adquirió el sofware Pegasus a través de prestanombres.

De acuerdo con esta investigación, existen claros indicios de irregularidades en la adquisición del malware de origen israelí, como que el dueño legal de Grupo Tech Bull SA de CV, empresa intermediaria mexicana que vendió a la PGR este programa espía en 32 millones de dólares, vive en un asentamiento irregular ubicado en una barranca al poniente de la capital; o que dicha empresa se constituyera el 10 de octubre de 2013 en la CDMX, sin experiencia en seguridad nacional, con oficinas virtuales y con un capital de escasos 50 mil pesos, y sólo un año después vendiera Pegasus a la PGR.

MCCI señala que quienes firmaron el contrato con el Grupo Tech Bull por parte de la PGR sabían bien lo que hacían. Fue nada menos que Tomás Zerón de Lucio, entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal, quien estuvo al frente de las negociaciones para la compra del malware Pegasus.

Ante estos señalamientos, que pudieran configurarse en actos de corrupción de llegar a probarse, desde el Congreso de la Unión diversas figuras se pronunciaron por realizar una amplia investigación en torno al proceso de compra de Pegasus.

Hasta ahora para este caso sólo existe una investigación por delitos relacionados con el espionaje, sin embargo, en vista de estos datos sobre posible corrupción, deberá ampliarse la gama de ilícitos a indagar y entrar al ruedo la Comisión de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Claramente, para que estas indagatorias tengan legitimidad ante la opinión pública, será necesario que intervengan actores ajenos a la propia PGR, instancia sujeta a la investigación.

Lo que prácticamente queda en evidencia con lo dado a conocer por EL UNIVERSAL, es que existen inconsistencias en la versión del gobierno federal sobre la adquisición de este malware debido a que, como se afirmó tras conocerse la existencia de Pegasus en México y su aplicación, supuestamente este malware sólo podía adquirirse a través de una empresa israelí.

Todo esto genera más dudas sobre el ya de por sí controvertido caso Pegasus. Por ello, la ASF, el Senado, y el recién estrenado Sistema Nacional Anticorrupción deben alistar baterías. Deberían ser llamados a declarar quienes participaron en la adquisición, tanto de la PGR, como de la empresa proveedora.

Urge una investigación a fondo, con criterios de transparencia y rendición de cuentas, para que se aclaren los hechos y se finquen responsabilidades a quienes hayan violado la ley.