Candidaturas independientes: avances y retrocesos

En el plano internacional existe una crisis de representatividad que ha afectado a los partidos y a otras instancias de representación política tradicionales, por lo que instrumentos innovadores que tiendan a ciudadanizar la política son bienvenidos. Las candidaturas independientes no son la panacea para resolver dicha crisis por sí mismas, pero sirven para impulsar la participación de ciudadanos que no se sienten identificados con los partidos. En la inmensa mayoría de los países se permite que los ciudadanos se inscriban como candidatos independientes a puestos de elección popular, tanto para elecciones presidenciales como legislativas. Pocas son las naciones en las que esta posibilidad sigue cerrada, como en Angola, Argentina, Brasil, Guatemala, Israel, Nigeria, Sudáfrica y Uruguay.

La representatividad que cada partido tiene ante la ciudadanía debe mantenerse e incrementarse mediante programas y acciones que la fortalezcan en un plano de equidad y competencia política, sin afectar otras opciones, como el caso de las candidaturas independientes. Éstas, no sólo constituyen un derecho elemental, sino que significan también una valiosa aportación que tiende a consolidar un régimen democrático, toda vez que los partidos politicos pierden el monopolio de la contienda electoral y se ven obligados, consecuentemente, a actuar con mayor responsabilidad y compromiso con la sociedad.

No obstante que los independientes juegan con desventajas en lo que se refiere a redes de organización, financiamiento, acceso a medios, capacidad de movilización, etc., el éxito que tuvieron en México este año apunta a que son una opción que el electorado toma en serio. Por la vía de participación sin partido, lograron el triunfo un candidato a gobernador, uno a diputado federal, tres a presidente municipal y uno a diputado local, con votaciones de entre 48.9 y 29.3 por ciento. Otros siete candidatos independientes quedaron en segundo lugar en su aspiración a diversos cargos y cuatro más en tercero.

Si por ejemplo se suman los votos obtenidos por candidatos independientes a la Cámara de Diputados, se advierte que alcanzaron 9.24 por ciento de los sufragios a este órgano legislativo, es decir, más que Morena, Partido Verde, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, Partido Humanista y Encuentro Social, en lo individual. Es evidente que las candidaturas independientes representan una opción viable y necesaria para los electores.

Por ello resulta preocupante que tras las elecciones de junio, los congresos de cuatro estados de la República hayan aprobado reformas para dificultar la participación de candidatos independientes.

En Chihuahua se aprobó que, para registrarse como independientes, los candidatos deben comprobar que no militaron en algún partido durante los tres años previos a la elección, lo que implica la previsión de que personajes relevantes que no obtengan la postulación por su partido puedan optar por la vía independiente. ¿Con base en qué se disminuyen sus derechos políticos?

En Veracruz se ha establecido que: “Los ciudadanos que hayan participado en un proceso interno para la postulación de una candidatura a cargo de elección popular de un partido político o coalición en el mismo proceso electoral, no podrán ser registrados como candidatos independientes”, y que: “Quienes aspiren a las candidaturas independientes tendrán que presentar una cédula de respaldo ciudadano con firmas por al menos el 3 por ciento de la lista nominal de electores, por distrito, municipio o del estado, de acuerdo con el cargo a que aspire”. Esta disposición contrasta con la de la legislación federal, que establece que los aspirantes a ser senadores o diputados por la vía independiente deben reunir firmas que representen 2 por ciento del electorado en la entidad o el distrito correspondiente. En Puebla también se impone la obligación para que los candidatos sin partido recaben las firmas del 3 por ciento del padrón electoral. Además deben hacerlo en 20 días. En Sinaloa se aprobó el requisito de contar con al menos las firmas del 2 por ciento de la lista nominal de electores. Adicionalmente, al igual que en Puebla, en el caso de candidato a gobernador los aspirantes deberán contar con firmas en por lo menos la mitad de los municipios.

El derecho a votar y ser electo es un binomio elemental en cualquier democracia, tal como lo establecen la Constitución y los instrumentos internacionales suscritos por México. Si, con la reforma a la fracción II del Artículo 35 Constitucional, se logró que los ciudadanos estén facultados para solicitar de manera individual el registro como candidatos independientes a cargos de elección popular, no hay por qué poner obstáculos.

Las condiciones impuestas en las cuatro entidades mencionadas atentan contra el espíritu democratizador de la reforma constitucional de 2014. Consecuentemente, cabe cuestionar el compromiso democrático de quienes obstruyen las candidaturas independientes. Los partidos políticos deben entender que la solución a sus problemas de representatividad no reside en cerrar el paso a candidatos independientes y alejar a la ciudadanía, sino en permitir una competencia genuinamente democrática en la que los electores puedan tener alternativas para participar.

Secretario general de la Cámara de Diputados y especialista en derechos humanos

@mfarahg