Ingreso Básico Ciudadano: un derecho social y económico

Hace un año presenté una iniciativa de reforma al artículo 25 constitucional, cuyo objetivo principal es garantizar el derecho de toda ciudadana o ciudadano a recibir un ingreso básico equivalente a un salario mínimo mensual (2 mil 220 pesos con 42 centavos), para propiciar una distribución progresiva y justa de la riqueza que permita acabar con la pobreza extrema, además de eliminar los programas asistencialistas que fracasaron y son fuente de lucro político-electoral.

En días recientes, impulsé el Seminario Internacional Renta Básica y Distribución de la Riqueza, colaboración de la Cepal-ONU y el Instituto Belisario Domínguez; ahí expuse mi propuesta de Ingreso Básico Ciudadano (IBAC), que se sustenta en el concepto más amplio de la renta básica universal, para contrastarlo con las propuestas similares desarrolladas en otros países y analizar su viabilidad en México.

El IBAC se concibe como un derecho económico y social incorporado al artículo 25 de la Constitución, el cual establece que la rectoría del Estado debe propiciar la articulación de los sectores público, social y privado en el desarrollo económico, para generar una justa y equitativa distribución del ingreso y la riqueza, elementos que aseguran el ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos como derechos fundamentales efectivos.

El IBAC funciona como un impuesto sobre la renta negativo (IRN). La lógica del IRN parte de la definición de un ingreso básico que se fija de manera exógena, paralelamente se establece un impuesto sobre los ingresos que, de acuerdo con el nivel individual y tomando como referencia el piso mínimo establecido, será negativo o positivo. En el primer caso, el ciudadano recibirá una complementación monetaria de ingreso; en el segundo caso, contribuirá al financiamiento de esa complementación.

En economías como la mexicana, dada la magnitud de la pobreza y los niveles tan bajos de ingreso de la mayor parte de la población, un programa que abarque de inicio a toda la población mayor de 18 años sería muy costoso, por ello planteo su aplicación inicial en el nivel de pobreza alimentaria, considerando que quien reciba el IBAC lo hará de una vez y para siempre, abarcando paulatinamente a otros niveles hasta alcanzar la universalidad.

La pobreza no es el único desafío, nuestra sociedad acusa los estragos de la enorme desigualdad de los niveles de ingreso, situación que acentúa los rasgos de intolerancia, violencia, marginación y descomposición social, que producen una serie de fenómenos de riesgo para la democracia e incluso pueden llegar a convertirse en factores desestabilizadores del mismo sistema.

El asistencialismo es el mejor instrumento que utiliza un régimen para ocultar la estrategia clientelar de manipulación y lucro político basados en la pobreza. A más pobreza, más asistencialismo, más clientela y mayor lucro político, este es el círculo vicioso que arrastra, como herencia autoritaria, nuestro régimen democrático en construcción.

El IBAC es una propuesta de implicaciones económicas, sociales y políticas, que pone por delante la libertad, busca una distribución más justa y equitativa de la riqueza y el ingreso, pero también un mayor desarrollo y calidad en la democracia que estamos construyendo. El debate trasciende los ámbitos económico, fiscal o presupuestario; debemos articularlo con las expectativas y proyectos en el orden político y social. El IBAC o renta básica es una propuesta poco conocida en México que está a discusión en diversos países que, tarde o temprano, será una realidad.

Consulta anexo metodológico en la siguiente liga: https://senadorluissanchez.wordpress.com/2016/05/06/anexo- tecnico-de-implementacion-del-ibac/

Senador.

@senluissanchez