Lo bueno se debe vivir

Septiembre de 2016 fue el mes más violento de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, como dan cuenta las mil 974 carpetas de investigación que corresponden a 2 mil 187 víctimas de homicidio doloso, reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Esto no se debe a un hecho aislado, sino que se enmarca en un periodo con elevados niveles de diversos delitos. Una muestra es que por lo menos 6 mil 400 personas perdieron la vida a causa de la delincuencia de julio a septiembre de 2016. Por lo tanto, aunque las autoridades minimicen discursivamente el problema, es un hecho que estamos muy lejos de que se haya resuelto.

Para entender esta situación hay que partir del origen multifactorial del delito —economía local, desigualdad social, educación, corrupción, impunidad, penetración del crimen organizado, fácil acceso a un mercado ilegal de armas, entre otros— en cada una de las entidades federativas. Estos factores se manifiestan según el contexto propio estatal y, a su vez, diferencian las afectaciones a la vida de la sociedad. Dada esta heterogeneidad de rubros que determinan la delincuencia y sus consecuencias, vale la pena abordar un caso paradigmático por sus condiciones: el Estado de México.

En esta entidad conviven grandes empresas con el subdesarrollo y la pobreza extrema, la corrupción e impunidad con una gran cantidad de recursos federales, grupos de interés y presión, grupos de delincuencia organizada, bandas e incluso funcionarios involucrados en la criminalidad en perjuicio de la población. Además se trata de un estado en el cual no se cuenta con diagnósticos precisos de seguridad, debido a las modificaciones de las cifras oficiales sobre incidencia delictiva.

El Estado de México, en septiembre de 2016, se ubica con tasas superiores a la nacional en secuestro, extorsión, robo —con violencia, de vehículo— y violaciones. Si se analizan los primeros nueve meses de 2016 se observa que: 1. Acumula 10.16% de las carpetas de investigación por homicidio doloso en el ámbito nacional, que equivalen a mil 545 casos, de los cuales 967 fueron con arma de fuego.

2. Concentra 27.47% de los robos de vehículos en el ámbito nacional, que representan 32 mil 746 casos, de los cuales 15 mil 58 fueron con violencia.

3. Reporta la mayor cantidad de víctimas de homicidio doloso, extorsión y secuestro que equivalen a 10.14, a 16.62 y a 26.89% del total nacional, respectivamente.

Si bien es cierto que estas cifras se deben parcialmente a su gran población, también lo es que en sus municipios hay un importante problema de seguridad. Éste es el caso de Naucalpan, que de enero a septiembre de 2016 presenta una tasa de 10.42 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, 13.88% mayor que la estatal; de 317.25 robos con violencia, 123.09% mayor que la estatal; de 266.9 robos de vehículos, 37.51% mayor que la estatal; de 60.18 robos a negocios, 304.71% mayor que la estatal; y de 76.06 robos a transeúntes, es 175.68% mayor que la tasa estatal.

Por ello, no debe sorprender el aumento de casos de personas que responden con mayor violencia a los ilícitos, quebrantando la ley y que erróneamente se denominan como justicia por propia mano. Los mexiquenses no pueden esperar más, deben exigir a sus gobernantes efectividad en el combate de la corrupción, impunidad, delincuencia y violencia. No se está pidiendo nada extraordinario, sino que cumplan con la obligación que asumieron, es hora de que cumplan con lo que prometieron. Porque como dice la niña Andrea, estudiante de educación básica capaz de confrontar a quien comete una falla, lo bueno no tiene que contarse, tiene que verse, y agregaría —si ella me lo permite—, tiene que vivirse en carne propia.

Francisco Rivas 

@frarivasCoL

Director general del Observatorio Nacional Ciudadano