Apunto de cumplir cien años de la Constitución de 1917, es indispensable analizar los enormes retos que este pacto fundacional enfrenta, para ubicar con claridad, cómo garantizar una mejor convivencia entre los mexicanos y las mexicanas.
Sin lugar a dudas, entre las discusiones que dominan cualquier sobremesa en nuestros tiempos, están las que tienen que ver con corrupción e impunidad. Por este flagelo no sólo se pierde el 10% del Producto Interno Bruto, con lo que disminuye el crecimiento y se amplía cada vez más la brecha de desigualdad nacional, sino que se reproducen día con día innumerables violaciones a los derechos humanos en el país.
La corrupción ha encontrado en la impunidad de la clase política, su principal fuente de apoyo. Hoy vemos a gobernadores que se enriquecen; a legisladores que piden moches para etiquetar recursos; a presidentes municipales que, a pesar de indicios de vínculos con el crimen organizado, no pueden ser detenidos; o incluso al Presidente de la República sorprendido en el financiamiento de la Casa Blanca, por parte de Higa, su constructora favorita.
El fuero, que originalmente fue concebido en el artículo 61 como la inmunidad de que gozarían diputados y senadores “por las opiniones que manifiestan en el desempeño de sus cargos”; o que para el caso del Presidente significa que, conforme al artículo 108, “durante el tiempo de su encargo sólo puede ser acusado por traición a la patria y por delitos graves del orden común”, se ha convertido, como evidencian los escándalos antes mencionados, en un verdadero privilegio para la impunidad.
El abuso insolente del fuero lo ha llevado al desprestigio. Hoy, por el fuero, muchos actos de corrupción no son juzgados.
Los senadores tenemos la oportunidad de modificar la Constitución para eliminar esta figura, pues tristemente, representa un privilegio que nos aleja de los ciudadanos y acrecienta la desconfianza.
En abril de 2015 presenté una iniciativa para eliminar de la Carta Magna este falso privilegio. Nos acompañaron miles de ciudadanos, quienes se manifestaron en redes sociales mediante la etiqueta #FueraElFuero. De igual forma, el pasado 13 de septiembre, junto con el grupo parlamentario del PRD, presentamos otra propuesta similar.
Ésta dispone que “en la determinación de responsabilidades de los servidores públicos, prevalecerá el principio de igualdad ante la ley. Todo servidor público será procesado por los delitos que se le imputen, sin que su empleo, cargo, comisión o función le reporte inmunidad, fuero o beneficio procesal alguno. En caso de que se les imponga pena de prisión, destitución o inhabilitación, no se le concederá la gracia del indulto”.
“Asimismo, establece que tratándose de delitos cometidos por servidores públicos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido, con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados y, en su caso, resarcir el daño patrimonial ocasionado a la Hacienda Pública o a los entes públicos por su conducta ilícita”.
A la par de impulsar estas iniciativas, senadores y senadoras del PRD hemos decidido renunciar al fuero que tenemos como legisladores. Por esta razón, presentaremos, el pasado martes, firmada esta renuncia formal a la mesa directiva del Senado. En caso de que nos sea negada, buscaremos litigar y, si es necesario, llegaremos hasta a la Suprema Corte de Justicia.
Eliminar el fuero de la Constitución es un paso importante para desarmar el andamiaje de corrupción e impunidad que tanto ha dañado la vida nacional. El Sistema Nacional Anticorrupción no estará completo sin estos cambios. Necesitamos articularnos ciudadanos, políticos, organizaciones en este esfuerzo. Una izquierda moderna debe ser capaz de sacar este tema adelante.
