No iba por allí

Pues sucedió lo esperado. La investigación llevada a cabo por la Secretaría de la Función Pública sobre las propiedades de Angélica Rivera, de Peña Nieto y Luis Videgaray, dio el resultado que todos sabíamos que daría: que ni ellos, ni su jefe el presidente Peña Nieto, violaron la ley, que nadie hizo ni lo ilegal ni lo indebido, que nadie abusó de su posición ni como servidor público ni como persona cercana a uno que lo es.

Así se desprende de los papeles, documentos, contratos, cheques, declaraciones de impuestos y de testigos que fueron presentados el pasado viernes por el secretario Virgilio Andrade. En ellos no hay nada que indique que se violó la ley y el secretario se encargó de recitar uno por uno los artículos tales y tales, los incisos cuales y cuales para demostrarlo y puso a disposición de quien así lo desee, la friolera de 60 mil folios.

Que los personajes en cuestión hayan acumulado fortuna por su trabajo anterior en gobiernos, congresos o empresas privadas no es ilegal ni tampoco indebido, como dijo Andrade en respuesta a las preguntas de los periodistas. Los cargos públicos, lo sabemos, pagan muy bien y cuando se está en ellos toda la vida, pues se junta dinero. Y por lo que se refiere a la empresa privada, puede pagar lo que le venga en gana.

El tema pues, es que de acuerdo con el sistema jurídico que tenemos, nada de eso es ilegal. Y eso es lo que demuestra la investigación llevada a cabo.

Pero demuestra también que no hay necesidad de hacer nada ilegal. Esto es clave.

Por eso, si se quisiera encontrar evidencia de algo ilegal no es haciendo una investigación de este tipo, sino una, por así decirlo, cultural.

Porque en el país en que vivimos (de hecho en todos los países, en todas las culturas), lo que cuenta son los contactos, las relaciones, esas que dan acceso a información privilegiada y apoyos adecuados. Es lo que el gran sociólogo francés Pierre Bourdieu llamaba el capital social, el que tiene que ver con relaciones.

Cuando la actriz María Félix se enteró de que habría una devaluación, corrió a cambiar sus pesos por dólares y en 24 horas había duplicado su dinero. Lo consiguió gracias al “pitazo” de alguien que estaba bien situado y sabía esas cosas, pero lo que hizo no fue, al menos según las leyes mexicanas, ilegal. Y así sigue siendo. Cuando la señora Martha Sahagún creó su fundación Vamos México, los empresarios le empezaron a dar a ella sus donativos y se los dejaron de dar a las fundaciones y ONG que antes apoyaban. ¿Por qué? Porque estaba cerca del poder y eso es lo que cuenta. Pero eso no fue ilegal, pues dar un donativo es algo voluntario (y “moralmente” elevado).

De modo pues que el tema no es la ilegalidad, sino otro: el “capitalismo de compadres”, como decía el premio Nobel Gary Becker.

Y esto es cierto en el mundo y muy cierto en nuestra cultura. En el modo de funcionar en que vivimos, todos buscamos el contacto porque de otra manera no logramos nada. Cualquiera que conoce al compadre del primo del vecino le pide que le ayude para acelerar un trámite, ganar una licitación, ingresar a un hospital, conseguir empleo para el hijo. Y nada de esto es ilegal.

No por lo menos en nuestro marco jurídico. Porque en otros países eso sí lo es. Recordemos el caso en Estados Unidos de la empresaria Martha Stewart, que fue a dar a la cárcel por “información privilegiada” que le permitió vender a buen precio sus acciones de una empresa que luego se iría para abajo.

Por aquí es sin duda por donde tendríamos que caminar, por aquí es donde están las respuestas para entender cómo se consiguen casas y terrenos en lugares maravillosos, créditos a tasas preferenciales, donativos para ciertas causas, permisos de construcción, cambios de uso de suelo, frecuencias de radio, autorizaciones para nuevas líneas aéreas o nuevos canales de televisión, contratos para servicios.

Escritora e investigadora en la UNAM.

sarasef@prodigy.net.mx

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