Hace unos días se suicidó un financiero español perseguido por la justicia de su país por, como dice un analista en un periódico, hacer “favores, regalos, chanchullos y corruptelas”, cuando fue presidente del Consejo de Administración de Caja Madrid.

De acuerdo a la ley española, el suicidio “no exime o limita la responsabilidad penal de quienes se asociaron con él para enriquecerse y beneficiarse de sus favores”, dice Antón Losada. De modo que, según el diario El País, “sus herederos no asumirán las responsabilidades penales que se le imputan, pero sí afrontarán la responsabilidad civil derivada de un delito, salvo que renuncien al legado”.

Hace unos días también, ingresó a prisión el ex presidente de Perú Ollanta Humala, y en otra cárcel fue internada su esposa Nadine Herrera.

Durante los años en que fue primera dama, la señora hizo gastos excesivos para desempeñar su trabajo y, ya desde 2015, se hablaba de “posibles delitos como defraudación tributaria, incremento patrimonial no justificado o contrabando”.

Hoy se le imputa “lavado de activos en perjuicio del Estado” y de haber recibido coimas (sobornos) de Venezuela y de dos empresas constructoras brasileñas, una de ellas la Odebrecht que ha sido acusada en varios países y que incluso en México untó dineros, y otra que se llama OAS. Hay demostración de depósitos hechos a su cuenta bancaria y a las cuentas de su madre y de su mejor amiga, con quien compartía una tarjeta de crédito.

La razón de traer esto a colación no es descubrir el hilo negro de que la corrupción reina en el mundo, eso ya lo sabemos bien, sino hacer notar la diferencia que hay en la manera de enfrentarla y castigarla.

Nosotros tenemos en este momento sobre la mesa el caso de la señora Karime Macías, esposa de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz ahora detenido. Se sabe que ella participó alegremente del enriquecimiento de su marido, que ayudó a que parientes y amigos también se enriquecieran con puestos y prebendas, que gastó exageradamente en el desempeño de su trabajo, pero que eso no significó mejoría alguna en la condición de los niños atendidos en los programas sociales, que estuvo con él en su fuga y que hoy vive en Europa con sus padres y sus hijos, disfrutando de una fortuna que, según las acusaciones oficiales y los decires de los testigos, fue mal habida.

Y sin embargo, por lo menos hasta este momento, no se la considera responsable de nada, ni cómplice en los delitos de su esposo, ni prófuga de la justicia (según la Procuraduría General de la República). Y según Animal Político, “desde que Duarte pidió licencia y hasta el día de hoy, no ha sido citada para declarar y no ha solicitado una sola demanda de amparo contra una orden de aprehensión o citatorio, de acuerdo a lo informado por fuentes del Poder Judicial federal”.

En el colmo del cinismo, ahora la señora ha presentado una demanda de divorcio contra su marido. Eso le permitirá quedar por completo separada de la acusación contra él y disfrutar de la mitad de lo que tenga su esposo.

Esto del “yo no tengo nada que ver porque el malo es él”, y esto de “mejor me divorcio”, son recursos bastante comunes que usan las esposas y amantes de políticos, empresarios y banqueros, algunas para librarse de ellos en los momentos difíciles, otras para quedarse con los bienes y unas más para quedarse con el poder, como hizo hace algunos años una primera dama de un país centroamericano que pretendía volverse presidenta.

Las leyes pues, cuentan, y cuentan mucho, como diría alguien que todos conocemos. Gracias a eso no le será fácil a Nadine Herrera decir que ella nada tuvo que ver con los haceres y deshaceres de su esposo, ni le será fácil a los herederos del banquero español decir que como él ya está muerto, pues los bienes ya son para nosotros que no tuvimos nada que ver con la forma cómo se consiguieron. En cambio aquí…

Escritora e investigadora en la UNAM.
sarasef@prodigy.net.mx
www.sarasefchovich.c om

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