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La trata de personas en México ha sido calificada como un creciente fenómeno social, tipificado y sancionado como conducta delictiva grave, sin embargo, es mucho más que un fenómeno y un delito aberrante. Constituye un problema de seguridad nacional, una violación a los derechos humanos y una clara desposesión de los mismos.
Cuando hacemos referencia a la trata de personas, tenemos que ser conscientes que hablamos de delincuencia organizada nacional y trasnacional, de corrupción en las altas esferas públicas y de complicidad institucional.
De acuerdo con la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), diversos cárteles y grupos de delincuencia organizada antagónicos, han construido alianzas en 17 estados del país, así como nuevas rutas y corredores con fines de trata de personas, principalmente en las modalidades de explotación sexual y explotación laboral.
A la luz de la realidad, no es difícil entender por qué en México la trata de personas es la segunda fuente de ingresos para la delincuencia organizada, por qué la escasez de estadística y datos oficiales, por qué la falta de armonización legislativa en 22 estados de la República, por qué la impunidad y por qué la resistencia en los tres Poderes y niveles de gobierno para concebir de una manera integral la problemática y asumir plenamente sus alcances y consecuencias.
He insistido una y otra vez, que la trata de personas debe ser reconocida y ocupar un lugar en el ámbito constitucional, ya que atenta contra la libertad, la integridad, la autonomía y la dignidad humana, por lo tanto, es materia de derechos humanos. De ahí, que ha sido reconocida mundialmente como “la esclavitud moderna”. Es necesaria su visibilización, atención y prohibición desde la Norma Suprema debido a su magnitud y alcances.
En nuestro país parece que a nadie le importan las más de setenta mil víctimas como tampoco importan las que lamentablemente se sumarán a la lista debido a la falta de prevención y a la fallida procuración e impartición de la justicia.
Por ello, es necesario tener siempre presente que las víctimas de trata al igual que otras que han sufrido violaciones a sus derechos humanos conforme al criterio jurídico, también han sufrido la desposesión de estos derechos de acuerdo a un criterio sociológico y humanitario.
Sí, desposesión de derechos humanos, es la terminología que mejor describe los hechos y sus consecuencias. De ahí, que coincido con la doctora Mariana Celorio, cuando señala que existe una desposesión de derechos frente a un sistema de leyes e instituciones que flexibilizan o permiten las condiciones para el despojo de los derechos humanos. “Entendida la desposesión como la acción consciente e intencional a través de la cual se sustrae algo que alguien tenía”.
Las y los mexicanos antes de ser víctimas tenían un cúmulo de derechos de los cuales fueron despojados por las redes delictivas y/o por la acción u omisión de las instituciones del Estado, los cuales nunca les fueron regresados y tampoco resarcidos.
Aunque cruel y desgarradora, la realidad es que México se ha convertido en un país de víctimas y desposeídos.
Diputada federal y activista social.
@LaraPaola1
