Porkylandia

Paola Félix Díaz

El caso demuestra que la autonomía de los Poderes Judiciales, estatales y federal, puede ser un lastre cuando se esgrime para proteger delincuentes

El caso de Daphne, la joven que fue violada en enero de 2015 por los “porkys”, trascendió el ámbito local e incluso el nacional, no sólo por la gravedad de los hechos en contra de una menor de edad, sino por la impunidad y corrupción en que el proceso se ha visto envuelto después de la denuncia realizada por el padre de la víctima.

La justicia empieza por la memoria, entonces, debemos recordar los hechos de la investigación ministerial: Enrique Capitaine (hijo del ex alcalde de Nautla), Jorge Cotaita, Gerardo Rodríguez y Diego Cruz (hijos de prominentes empresarios), subieron a Daphne por la fuerza a un vehículo, le quitaron el celular y mientras la trasladaban al domicilio de uno de ellos, le jalaban la ropa y la manoseaban por debajo de la falda, tocándole los senos y partes íntimas —ante la insistencia de ella de “que no lo hicieran y que no quería eso”, sólo obtuvo por respuesta burlas y agresiones. Al llegar a la residencia del fraccionamiento Costa de Oro, abusaron sexualmente de ella en el baño.

La Fiscalía General de Veracruz llamó a declarar a los cuatro jóvenes agresores, mientras la opinión pública fue enfática al denunciar que “la respuesta de la autoridad local despertó dudas en torno a la parcialidad con la que actuaron para la integración de la denuncia por agresión sexual”, de igual forma, cuestionó la protección de los derechos de la menor de edad, debido a que la familia señaló no haber recibido acompañamiento institucional para enfrentar la situación.

Finalmente, se libraron órdenes aprehensión a sólo tres de los cuatro implicados, quienes cobardemente y con el apoyo de sus padres se ocultaron en Coahuila, en Madrid y en su domicilio, respectivamente, hasta que afortunadamente fueron detenidos.

Sin embargo, en días pasados el juez federal Anuar González Hemadi, concedió la sentencia de amparo directo a favor de Diego Cruz, para proceder con el auto de libertad, señalando que no existieron elementos suficientes para acreditar las acusaciones en su contra, toda vez que no se acreditó la intención lasciva, es decir, no queda claro que hubiera intención de satisfacer un apetito sexual.

El Consejo de la Judicatura suspendió al juez debido a su notoria ineptitud por lo que inició una investigación administrativa. Lo que implica que se revisará si el manejo del expediente se hizo conforme a la ley, pero no el fondo de la resolución.

Nuevamente, estamos ante un caso de corrupción que evidencia que la justicia en México no existe para todos y menos para todas. Un caso que demuestra que la autonomía de los Poderes Judiciales, estatales y federal, puede pesar como un lastre cuando ésta se esgrime para proteger delincuentes, para demostrar que frente al poder político y económico la ley es lábil y se puede posibilitar descaradamente la sustracción de la justicia.

Un caso que sólo puede darse en Porkylandia donde los cerdos de oro caminan sobre fosas clandestinas, elevan sus plegarias al universo porque merecen abundancia, se asesinan periodistas, corrompen a la justicia y se roban el erario público, mientras en sus propias casas sus monstruosos cerditos violan menores de edad sin intención lasciva.

 

Diputada federal y activista social.
@LaraPaola1

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