Los ampáyeres y los jueces constitucionales tienen una misión compartida. Unos cantan bola o strikes, los jueces resuelven si las leyes se ajustan a la Constitución. Cuando John Roberts, el presidente de la Suprema Corte de Estados Unidos, fue confirmado por el Senado, a pesar del voto en contra de los senadores Barack Obama y Joe Biden, dijo que nadie va a un juego de beisbol a ver a los ampáyeres. Declaró: “Los ampáyeres no hacen las reglas sólo las aplican”. Eso hizo Roberts en dos decisiones históricas tomadas en menos de 24 horas, en una le aplaudieron los liberales mientras lo abucheaban los conservadores, en la otra sucedió al revés.
Roberts fue clave para la sobrevivencia del plan de salud de Obama (Affordable Care Act), probablemente el legado más relevante de la gestión presidencial. Al día siguiente votó en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que generó el reproche de los liberales que lo habían aplaudido el día anterior.

Roberts declaró que actuó conforme a lo que consideró constitucionalmente fundado. Quiso decir que actuó sin agenda política, sino con base en lo que él piensa son principios constitucionales. Otros jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos, si bien votaron en sentido opuesto a Roberts, también aseguran que resolvieron sin agenda, sino conforme a sus convicciones jurídicas. El gran dilema de los jueces: qué hacer si existen argumentos para votar a favor o en contra en un mismo asunto.

Unas semanas antes los ministros de la Suprema Corte de Justicia en México declararon inconstitucionales las leyes de los estados que definen al matrimonio exclusivamente como la unión entre un hombre y una mujer. Por las características de nuestro sistema jurídico la ejecución no será automática, como en Estados Unidos, sino será necesario que las personas del mismo sexo que deseen contraer matrimonio en los estados en que sus códigos civiles definen el matrimonio a la usanza tradicional: varón-mujer, soliciten un amparo para contraer matrimonio. Eso mientras los Congresos estatales no modifiquen sus códigos civiles. Por lo pronto la Corte fijó un derrotero en decisión histórica, plausible.

El camino en Estados Unidos será más rápido, pero no exento de tropiezos. Las barreras a derribar se refieren a la desigualdad cuando las parejas no tradicionales necesiten vivienda, busquen empleo, o deseen hacer comercio. No se ve para cuándo, por ejemplo, los ministros de los cultos, particularmente los católicos, se atrevan a casar a homosexuales o lesbianas, así los contrayentes sean fervientes piadosos de su fe.

La Suprema Corte de Estados Unidos ha dejado una huella que avala su pluralismo. Sólo que unos cuantos días después, al resolver sobre si es constitucional aplicar midazolam, un poderoso sedante a los condenados a muerte, antes de su ejecución, para que el castigo que se les imponga (morir) no sea tan doloroso, no se atrevieron a abolir la pena de muerte.

Stephen Breyer, el juez más articulado ideológicamente, planteó que en lugar de analizar qué tan eficientemente se puede matar, sería mejor discutir si la pena de muerte va en contra de la Constitución. El juez más conservador, Samuel Alito (así se llama), intervino haciéndose el gracioso. Dijo que el planteamiento de Breyer le recordaba el argumento de un condenado a muerte que clamaba clemencia por haber matado a sus padres, precisamente por ser huérfano. No pudo darse el debate.

No fue este el año para abolir la pena de muerte en Estados Unidos, un país que presume respecto a los derechos humanos y se erige en su defensor global. Sí fue el año que se resolvió una larga lucha por los derechos de homosexuales y lesbianas que llegó a extremos como en Texas, en que un acto de “sodomía” se castigaba con graves penas de prisión.

Falta lo que deba decir la Iglesia católica. Francisco, el Papa que sorprende, tiene la pelota del lado de su cancha. Por lo pronto ya declaró que quién es él para juzgar a los homosexuales. Sólo que ahora será el ampáyer. Veremos si canta strike o bola.

Miembro del SNI.

@DrMarioMelgarA

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