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Denunciar una amenaza de muerte en la PGR

14/03/2016
02:11
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Pasamos tres horas entre archiveros con decenas de pequeños cajones, cada uno con una estampa que lleva impresa el nombre de un periodista y debajo señala si fue asesinado o está desaparecido. No es fácil reponerse de la desolación que ese escenario genera, además de la inevitable sensación intimidatoria que ocasiona declarar que recibí una amenaza de muerte, envuelta de posibilidades devastadoras.

Fuimos trasladados a esa sala, después de una espera de dos horas en recepción y una vez que dos funcionarios de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR, tomaran la prueba con sus propias manos y la retuvieran para que sus superiores autorizaran que se tomara la declaración. Las ventanas de la recepción están cubiertas de fotografías de víctimas por desaparición forzada, reconocí de inmediato a Teodulfo Torres, desaparecido tras declarar que tenía el video original que mostraba cómo caía Francisco Kuyquendall tras ser atacado con un proyectil en la manifestación contra la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, el 1 de diciembre del 2012. Bajo la foto y nombre de cada una de las piezas del vitral de desaparecidos, se señala la entidad de procedencia. Veracruz y Tamaulipas protagonizan el collage.

A mi abogado y a mí nos pidieron que iniciáramos la declaración en presencia de un suplente del Ministerio Público, quien hizo favor de atendernos en lo que el responsable terminaba unas diligencias. Ese suplente tuvo que retirarse y fue asignado otro funcionario que inició nuevamente el proceso. Finalmente llegó un funcionario más que tomó por tercera vez la denuncia, solicitó conservar la prueba de la amenaza y se negó a darnos copia de la declaración realizada, con la oferta de que podíamos consultarla cada vez que lo solicitáramos. A casi cuatro meses de interponer la denuncia, no he recibido notificación alguna, pese a que los estándares internacionales de investigación en violación de derechos humanos obligan a las fiscalías a investigar diligentemente e informar a los denunciantes sobre los avances de las indagaciones.

Imaginé la travesía de periodistas que viajan desde sus estados para denunciar hostigamiento, o a los familiares de reporteros “levantados” y asesinados. Un dolor que ninguna burocracia anestesia. Valdría la pena esta odisea si las investigaciones arrojaran algún resultado. Pero las evidencias demuestran lo contrario.

El viernes 10 de marzo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo pública la recomendación general 24 “Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México” . Este documento reporta 109 homicidios de periodistas desde el año 2000 y hasta el 31 de enero de 2016, los cuales están concentrados en cinco entidades: Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca.

Una de las advertencias más alarmantes del documento de la CNDH es que mientras las autoridades encargadas de la seguridad pública no han logrado inhibir los delitos contra los periodistas y medios de comunicación, las procuradurías y fiscalías de justicia no esclarecen hechos delictivos e incurren en dilación en la integración de indagatorias. “De 176 averiguaciones solo 17 cuentan con sentencia de un juez, lo que implica un 90 por ciento de índice de impunidad”.

Cada cajón del archivero de la FEADLE corresponde a una persona mutilada por la violencia, la censura y la represión. La libre expresión encerrada fríamente en documentos silenciosos que muestran la locura de quienes anteponen el poder a la vida de un ser humano.

Despedida. Este es mi último artículo en EL UNIVERSAL. Respeto la decisión del periódico de concluir mis colaboraciones. Valoro el espacio que me ofrecieron durante estos cinco años en los que me fue posible compartir reflexiones, evidenciar las enormes carencias democráticas que tenemos como reto y presentar propuestas alternativas. A los lectores les agradezco infinitamente su compañía, por lo pronto mis redes están abiertas para seguir dialogando en el esfuerzo colectivo de pensar que un México de derechos es viable.

Analista política y activista ciudadana.
@maiteazuela

Maestra en Políticas Públicas, Universidad de Concordia, Canadá. Fue servidora pública en el Instituto Federal Electoral (IFE), el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y el Instituto...

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