Desaparecidos por hombres de uniforme tipo militar

Veracruz es hoy uno de los estados donde la frágil gobernabilidad se sostiene entre amarres de corrupción y enredados operativos de seguridad. La lista de fallas en el gobierno de Javier Duarte se arrastra como una larga cola que crece conforme se acerca el fin de su gubernatura. Las víctimas de su negligencia se enfilan incrementalmente reclamando rendición de cuentas, protección a periodistas, cumplimiento en el pago de pensiones, respeto a la libertad de expresión, seguridad y transparencia en la resolución de desapariciones y fosas clandestinas.

Con el reciente asesinato de la periodista Anabel Flores fueron sobradas las reacciones que pretenden criminalizarla. Las declaraciones de la señora Sandra Luz Morales, tía de la periodista, ofrecen suficientes elementos para que la investigación del caso abra una línea sobre la presencia de “hombres vestidos de uniforme tipo militar” que el 30 de agosto de 2014, ingresaron a un almuerzo celebrado en Acultzingo, en el que Anabel estaba presente. Según narra la señora Morales, un comando armado irrumpió en el evento asegurando que estaban ahí para proteger a los comensales; ante el nerviosismo de la gente, Anabel se levantó tranquila y pidió al comando que no alterara más a los presentes al tiempo que sacó su celular para fotografiarlos. De acuerdo con la señora Morales, el grupo armado interrogó a Anabel y le pidió su credencial de periodista, tomaron sus datos y borraron las fotografías que les había tomado. Efectivamente esta línea de investigación quedó abierta, pero bajo el supuesto de que Anabel estaba en ese lugar por su vínculo con Víctor Osorio Santacruz, quien fue detenido ahí mismo por presuntos elementos del Ejército sin presentar auto de formal prisión. La señora Morales asegura que no sólo Anabel estaba en presencia de Osorio Santacruz, sino que eran al menos 25 personas las que lo acompañaban.

La versión de Sandra Luz Morales está en cierta medida reforzada con un reportaje del periódico Excelsior del 3 de noviembre de 2014, en el que varios testigos afirman que mientras los hombres armados entraron al merendero obligando a las personas a permanecer boca abajo en el suelo, hubo una reportera que sacó fotos con su celular. Según esta versión, además de Víctor Osorio fueron levantados sin orden de aprehensión Miguel López y Delfino Hernández. Hoy en día estas tres personas están desaparecidas. Norma Albores, la esposa de Víctor, asegura que su esposo había sido previamente acosado por militares y que le querían fincar responsabilidades por ser propietario de una camioneta Frontier 2008. Parece que ser propietario de camionetas caras es suficiente para ser señalado como delincuente. Incluso el diario de Orizaba que se deslinda de Anabel Flores recurre a este absurdo prejuicio para argumentar que la periodista por ser propietaria de una Patriot tenía vínculos con la delincuencia.

La Procuraduría General de la República tiene el caso de los tres desaparecidos en sus manos. Sus esposas recibieron llamadas de amenazas una vez que hicieron público el asunto y Norma vio a un par de militares fotografiando su domicilio un día después de haber presentado el caso.

Es sumamente preocupante que las averiguaciones de las autoridades se generen bajo premisas de criminalización de las víctimas. El caos en Veracruz se intensifica bajo prácticas de detención arbitrarias en las que los ciudadanos carecen de cualquier derecho y pueden ser detenidos sin debido proceso. Sumemos a esto el riesgo que corre quien se atreve siquiera a cuestionar a los hombres de uniforme tipo militar sobre las razones de la detención o quien se atreve a documentar fotográficamente estas terribles irregularidades.

Nada de esto parece importarle al gobernador Javier Duarte, quien burlándose de nuestra inteligencia, aseguró que el responsable de la muerte de Anabel Flores es Josele Márquez, alias El Chichi, jefe de plaza de Los Zetas en Veracruz, a quien dice haber aprehendido a inicios de febrero, pese a que la Fiscalía de su Estado anunció en agosto de 2015 que había sido asesinado.

Las conclusiones simplistas que pretenden tapar el sol con un dedo están llegando a su límite. Veracruz es un campo con minas de impunidad que se van reproduciendo. El cadáver de Anabel fue arrojado en el estado de Puebla, como en la simbólica entrega de un animal salvaje que deja una presa a los pies de su querido amo. La persecución de periodistas y el hervidero de fosas puede ser contagioso si no se genera lo antes posible un punto de quiebre que reivindique la labor de las Fuerzas Armadas y disipe con claridad las confusiones que ocasionan los violadores de derechos humanos vestidos con uniforme tipo militar.

Analista política y activista ciudadana