Puebla, tierra fértil para violar derechos humanos

Maite Azuela

Lo menos que se espera es que si un gobierno ha dañado sin remedio a una madre, le repare el daño

Elia Tamayo Montes es una mujer indígena que como muchas otras sobrevive en la pobreza, no tuvo acceso a educación y trabaja en el campo. De estatura bajita, complexión delgada, y cabello largo obscurísimo, su voz apenas emite sonido. Son sus ojos los que hablan, profundos, tristes, acuosos y cansados.  Aún en silencio emite nostalgia y a pesar de su andar agotado saca fuerza de sus entrañas para insistir que se haga justicia.

La vida de un hijo nunca se repone. Sin embargo, lo menos que se espera es que si un gobierno ha dañado sin remedio a una madre, le repare el daño y para ello la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendó al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, que indemnizara de inmediato a doña Elia. La CNDH realizó una exhaustiva investigación en la que responsabilizó claramente a instancias del gobierno de Rafael Moreno Valle de diversas violaciones graves a los derechos humanos de las víctimas y entre estas el menor fallecido. Moreno Valle aceptó públicamente la recomendación y se comprometió a atenderla, pero no lo ha hecho.

A pesar de que ha transcurrido un año y cuatro meses después de la muerte de José Luis, no hay un solo detenido entre los elementos de Seguridad Pública del estado de Puebla. Elia sigue su lucha en espera de que el gobierno poblano cumpla con las recomendaciones de la CNDH. Las condiciones en San Bernardino Chalchihuapan son cada vez más adversas: Jairo Montes Bautista, el entonces presidente de la junta auxiliar, apoyó a doña Elia incondicionalmente, pero esto le ha costado su libertad, ya que fue detenido sin el debido proceso y continúa encarcelado junto con más de 200 presos políticos de los que acumula el gobierno del estado.

Afortunadamente Elia cuenta con el acompañamiento del activista Misraim Hernández Fernández y del abogado Blas Rafael Palacios Cordero, quienes han emprendido todos los trámites para conseguir que el daño le sea reparado. No es tarea fácil considerando que a pesar de que hace más de una década la Constitución establece el Juicio de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en Puebla no existe una sola ley ni tribunal que conozca y resuelva estos juicios. En este contexto la reparación del daño fue solicitada a la Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que de acuerdo con un criterio de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia podría hacer de su competencia este asunto.

Sin embargo, les fue desechada la solicitud con argumentos que evidencian el desconocimiento de la ley y la nula voluntad de resolver el caso. La magistrada Erika Ramm González no ofreció elementos sustentados legalmente y además realizó una mañosa notificación a nombre de un individuo a quien los defensores no conocen, con lo que despojó a doña Elia del derecho a impugnar el ilegal desechamiento. En consecuencia, doña Elia tendrá que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Moreno Valle debe estar sumamente entretenido inaugurando estadios o posicionando a su mujer como líder del PAN en su estado. Quizá esté atendiendo las críticas por actos de corrupción como el fraude del que se acusa a su cuñado por crear la asociación civil Scientia Aprendizaje Significativo S.C., con la que obtuvo del gobierno de Puebla 3 millones 500 mil pesos y en la que registró como propietarias a María Filomena de la Cruz y a Luna Rodríguez, dos mujeres indígenas y campesinas del municipio de Nopalucan, que nada saben del asunto. Otro escándalo que puede tener distraído al gobernador es la acusación que en su contra ha documentado unomásuno en la que asegura que tanto Moreno Valle como Víctor Carrancá a quien le otorgó el cargo de Procurador de Justicia postsexenal, sustrajeron más de doscientos millones de dólares de la Fundación Mary Street Jenkins. Además el diario señala que han blindado movimientos entre gobiernos y asociaciones privadas con la nueva Ley de Asistencia Privada que permite que varias decisiones administrativas no sean auditables.

El gobernador sabe bien cómo manejar a los legisladores locales, quienes mantienen vigente la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del estado de Puebla, mejor conocida como “Ley bala”; de igual forma aprobaron a toda velocidad la ley que encubre transacciones económicas de asociaciones civiles. En cambio, no muestran prisa alguna para actualizar la regulación que haga efectivo el juicio de responsabilidad patrimonial del estado. Así aplanan el camino para justificar el asesinato de un niño indígena, la negativa de reparar el daño a su madre, la apropiación de identidades de mujeres campesinas y la opacidad del uso de recursos que deberían enfocarse al desarrollo comunitario. No queda duda, en Puebla la violación de derechos humanos es terreno fértil.

Analista política y activista ciudadana

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