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La inoportuna y superficial declaración del subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Arturo Escobar, reafirma las hipótesis de su inadmisible nombramiento. Si antes de opinar contra la despenalización del consumo de cannabis se hubiera dado a la tarea de estudiar un poco el tema, revisado un par de cifras o consultado incluso a homólogos en países en los que el consumo de ciertas drogas no está criminalizado, la evidencia de su ignorancia no hubiera salido tan pronto a flote.
A una semana de que el ministro Zaldívar Lelo de Larrea presentara su postura a favor del amparo solicitado por el grupo SMART para que la Secretaría de Salud les otorgue un permiso de consumo de mariguana para uso recreativo, Arturo Escobar arremetió en plural diciendo que: “No queremos convertir al Chapo en empresario”, su declaración coincide con la persecución de Joaquín Guzmán Loera, que para colmo ha resultado un fracaso. Simultáneamente El Chapo consiguió un amparo para no ser extraditado.
Lo que tampoco leyó con calma el señor Escobar fueron las múltiples celebraciones de especialistas en seguridad que ven con buenos ojos la iniciativa del ministro Zaldívar para debatir el tema en la Suprema Corte de Justicia con más datos y menos prejuicios. No le vendría mal al señor Escobar revisar el informe de Jorge Hernández Tinajero y Carlos Zamudio Ángeles en el que se demuestra, por ejemplo, cómo los esfuerzos de la policía del Distrito Federal para conocer a los responsables del narcomenudeo de mariguana y en su caso detenerlos en flagrancia, han sido casi nulos. Según lo explican, esto se debe a que las bandas de narcotraficantes reemplazan con facilidad a los despachadores de pequeñas dosis, mientras que los consumidores que son detenidos tienen que ser liberados por ley. Como lo señalan: “a pesar de la guerra contra el narcotráfico, el consumo ilegal de drogas no se ha frenado, sino que ha aumentado en los últimos años. Las drogas están más al alcance de la población que hace seis años. En el Distrito Federal, en 2006 había 5 mil puntos de narcomenudeo y ahora hay 13 mil”.
¿Considera Escobar que las restricciones legales para el consumo de la mariguana no benefician suficientemente las ganancias de la “empresa” del Chapo? ¿Resulta imposible para Escobar entender que la despenalización del consumo es el primer y necesario paso para restarle poder al crimen organizado alrededor del narcotráfico? ¿Cómo pretende prevenir el delito si no es debilitando la criminalización del consumidor? Como lo ha dicho Alejandro Madrazo, especialista en el tema: “La guerra contra las drogas está degradando a las instituciones, y de eso se tiene que dar cuenta el propio gobierno: que no le hace bien a nadie, ni a la ciudadanía, ni a la ciudadanía que delinque, ni al propio Estado y a las instituciones”.
De los ministros de la Corte esperamos mayor responsabilidad, investigación y argumentación pragmática que la que hasta ahora ha mostrado Escobar. El que un tercio de los estados en Estados Unidos tenga legalizado el consumo de cannabis para uso medicinal, además de que iniciaron ya la despenalización para uso recreativo en Colorado y Washington, son elementos clave a considerar para evaluar la despenalización aquí sin recurrir a moralinas insostenibles.
¿Algún ministro tomará en serio al señor Escobar? De ser así perderemos una buena oportunidad. La SCJN podría en cambio demostrar que México toma decisiones que fortalecen nuestra seguridad nacional. Requerimos con urgencia decisiones que dejen de ver la confrontación y la guerra contra el crimen como la única solución.
La despenalización del consumo de cannabis, como uno de los pasos para desmantelar el negocio del narcotráfico, es una decisión que México deberá tomar tarde o temprano. Postergarla es alargar los días de violencia, intensificar la fractura social y dejar en manos de un gobierno la decisión que debe tomar el Estado.
Analista política y activista ciudadana
