Contagio en México del virus guatemalteco

Maite Azuela

Hasta ahora, nada se ha movido en realidad. El fuero da larga vida política a los que consiguen tejer lazos de complicidad lo suficientemente amarrados para que sus fraudes y desfalcos no pongan nunca en riesgo su inmunidad

En México muchos políticos se atragantan de palabrerías secas hablando de sus esfuerzos por desmantelar el fuero que blinda a todo aquel que en su cargo abusa de poder y se enriquece ilícitamente con la administración de recursos públicos. Basta sólo recordar algunas de las escenas en las que Manlio Fabio Beltrones declaraba a todo pulmón la urgencia de modificar la Constitución para eliminar el fuero que en sus propias palabras “aparece como impunidad, como un privilegio y no como una garantía de expresión libre”.

Hasta ahora, nada se ha movido en realidad. El fuero da larga vida política a los que consiguen tejer lazos de complicidad lo suficientemente amarrados para que sus fraudes y desfalcos no pongan nunca en riesgo su inmunidad.

En contraste, Guatemala se envalentonó para develar, investigar y demostrar actos de corrupción en los que su ex vicepresidenta y su ahora ex presidente están implicados. Y no sólo eso, sino que la ciudadanía se apropió del espacio público y defendió los recursos colectivos que con proyectos aduaneros de dudosas transferencias alimentaban las cuentas bancarias de sus mandatarios.

Para que fuera posible llevar a juicio a su presidente tuvo que articularse una red de denunciantes (whistleblowers) que diera seguimiento a los movimientos ilícitos con los que operaban el fraude desde el Poder Ejecutivo.

Hasta ahora, en México, no contamos con suficientes funcionarios públicos que privilegien la honestidad y estén dispuestos a correr los riesgos que trae consigo el hecho de revelar la malversación de fondos públicos.

La atención ciudadana está inevitablemente dispersa entre tantas tragedias irresueltas y en consecuencia, nuestra confianza en la reivindicación de la justicia nos ha impedido incluso imaginar que podríamos, como lo han hecho nuestros vecinos, concentrar la indignación  en un cambio legal que desplome la impunidad con la que cientos de políticos nos desfalcan minuto a minuto. Nos hace falta una ciudadanía articulada que pierda el miedo a la represión, pero sobre todo una élite que rompa sus lazos de complicidad y que esté dispuesta a presionar a los legisladores para  que la figura del fuero quede erradicada completamente. Además debe impedirse el uso de dinero en efectivo en transacciones gubernamentales, y debe perseguirse de oficio a quien cometa delitos por corrupción.

Sobran ejemplos y evidencias de desvío de recursos, abuso de poder y transacciones ilegales con las que varios de nuestros representantes y funcionarios públicos engordan sus patrimonios: el banco de César Duarte en Chihuahua, la apropiación de tierras de Padrés, la casa blanca de la Primera Dama y las propiedades de Montiel, los viajes y ostentosos relojes de Romero de Champs, los moches de los legisladores, la entrega de subsidios sociales a los hermanos Bibriesca y todo lo que hemos dejado pasar.

Tenemos un mar de datos en el que podemos zambullirnos hasta la depresión total. En el texto de la doctora María Amparo Casar Anatomía de la corrupción  (CIDE- CIDAC 2015) se presentan las más importantes evaluaciones de corrupción mundial en las que México encabeza los peores resultados: de los países de la OCDE somos el que más baja puntuación alcanza.

Voy de regreso a México después de participar en la Decimosexta Conferencia Internacional Anticorrupción en Malasia y llevo conmigo la declaración de cero tolerancia a la impunidad con la que fue clausurado el evento en el que nos reunimos más de mil 200 personas de 130 países. La declaración sostiene que “la impunidad alimenta la corrupción: el abuso de los poderosos en los más altos niveles beneficia a unos cuantos a expensas de las mayorías, causando graves daños a indiviudos y sociedades” y hace un llamado a que sea la gente en acción la que apele a mantener gobiernos con integridad.

En paneles y plenarias se mencionó a México como ejemplo de impunidad generalizada: lavado de dinero, oposición política coptada en un  marco de complicidad y sobretodo ciudadanía indulgente.

“La corrupción en México cobra vidas”, aseguró Martin Woods, especialista en lavado de dinero, haciendo referencia a las muertes que en manos del crimen organizado en complicidad con ciertas autoridades cuentan con blindaje financiero. Así que entre los costos que acarrea la corrupción además de inhibir las inversiones, y generar un gasto familiar destinado a pagos extraoficiales, está la desaparición o la pérdida de vidas de seres humanos.

Contagiarnos de valor, organizarnos pacíficamente, concentrarnos en un solo objetivo y hacerlo realidad. Ese es el único virus que puede alterar con efectividad la inmunidad de los gobiernos corruptos. Vale la pena concebir o al menos plantearnos la posibilidad de que el éxito ciudadano que obtuvieron los guatemaltecos nos permita enfocar frustraciones, demandas sociales, acciones de protesta, exigencias a los gobernantes, en un mismo objetivo: combatir la impunidad.

Analista política y activista ciudadana

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