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Por un INE imparcial

José Antonio Crespo

El eje rector de la fallida reforma electoral de 2014 fue la creación del Instituto Nacional Electoral como un ente híbrido, con cierta injerencia en los procesos locales pero conviviendo con institutos locales autónomos

El eje rector de la fallida reforma electoral de 2014 fue la creación del Instituto Nacional Electoral como un ente híbrido, con cierta injerencia en los procesos locales pero conviviendo con institutos locales autónomos (OPLES). También se determinó que, para garantizar imparcialidad a esos OPLES, sus consejeros fueran designados por el propio Consejo General del INE, y así quitar a los partidos locales el tradicional reparto por cuotas de esos nombramientos. Se trataba de reducir la injerencia de los gobernadores y partidos locales en los procesos electorales, dando mayor autonomía a los OPLES. No queda nada claro que se haya alcanzado el objetivo. En varios estados (particularmente en Chiapas), no se vio tal imparcialidad, y los gobernadores hicieron y deshicieron a su gusto.

Parte del problema es que había un reconocimiento implícito con la reforma de que prevalecían las cuotas partidarias en los OPLES, y que esto era causa evidente de falta de imparcialidad, y sin embargo se mantuvo esa fórmula en el Consejo General. Y se espera de él, como por arte de magia, imparcialidad. Son principalmente los partidos distintos al PRI (y sus aliados) quienes se quejan de ello, pero en sus manos estuvo realmente imprimir mayor imparcialidad a la institución. Se quejan de que el PRI en lugar de nombrar consejeros independientes designa “soldados”, que seguirán las instrucciones de arriba y defenderán como autómatas los intereses de su partido. Así es. Es lo racional para el PRI. Pero otros partidos también nombran sus “soldados”, que se mantienen fieles a su causa partidaria, si bien a veces algunos de pronto se manejan con mayor margen de autonomía. El resultado ha sido un árbitro partidizado, es decir parcial. Dicha parcialidad podría reflejarse también en la designación de consejeros locales, pues los consejeros del INE podrían reflejar en ello el interés de su respectivo partido. En el proceso de selección de consejeros locales del año pasado hubo varias quejas al respecto.

En esta ocasión, en el proceso de selección de nuevos consejeros locales para las entidades que tendrán elecciones el año que viene, hay ya también denuncias de la oposición en sentido de que entre los finalistas hay muchos militantes activos del PRI. Varios de ellos ocultaron esa información en los currículos entregados para ese fin. Ante lo cual han salido algunos consejeros generales en la defensa de tales aspirantes; por un lado, se dice que no hay sólo militantes del PRI sino también de otros partidos, y se agrega que la ley no impide la militancia para ocupar esos cargos. Es verdad. La ley electoral no exige la no militancia en algunos años previos como requisito para ser consejero, lo cual es absurdo: si lo que se busca es la imparcialidad (es un decir), ¿por qué no concentrarse en ciudadanos apartidistas que son la mayoría en lugar de buscar militantes para arbitrar a los partidos? Si se es miembro de un partido, ¿no pesará eso en sus decisiones, sabiendo además que probablemente se seguirá una carrera partidaria después de dejar el INE? Muchos consejeros que llegaron sin filiación partidista abierta (pero evidente), al dejar el IFE han hecho abierta carrera partidaria. ¿Qué tan imparcial podemos suponer fueron sus decisiones como consejeros?

Sin embargo, la Constitución sí exige imparcialidad como requisito para ser consejero. El diccionario incluye como definición de “imparcial” la de “que no se adhiere a ningún partido”. En ese punto, la ley electoral es anticonstitucional. Si los partidos quejosos quieren de verdad lograr un árbitro electoral imparcial (aunque lo dudo), debieran promover la prohibición expresa de militancia partidaria algunos años antes de ser consejero, acorde con la Constitución. También debieran quitar a los partidos el nombramiento de los consejeros generales del INE, para elevar significativamente las probabilidades de un comportamiento realmente imparcial y autónomo en el arbitraje electoral. Mientras ello no ocurra, seguiremos viendo todo tipo de parcialidades y consignas políticas en sus decisiones. Mientras más pronto mejor.

Profesor del CIDE

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