¿Comemos pasteles?

Jorge Islas

Nos enteramos por EL UNIVERSAL de los generosos salarios, estímulos, prestaciones, bonos y en general de los 37 apoyos diversos que recibe un magistrado electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral, para el cumplimiento de sus importantes funciones. Tan sólo en percepciones netas salariales, tendrán un ingreso anual de 4 millones 564 mil 875 pesos. Lo que representa un ingreso mensual de 380 mil 406.25 pesos.

Interesante la manera en cómo se desglosan y justifican sus percepciones. Según la nota del periódico, el salario neto anual de cada magistrado es de 2 millones 924 mil 904 pesos y la diferencia se las pagan bajo otros rubros. De tal manera que tienen un ingreso de 30% adicional al salario que tienen asignado por ley. Viniendo de una instancia judicial, supongo que no debe de haber problema con la legalidad del acto administrativo, mediante el cual se permiten compensar un porcentaje mensual, adicional al salario formal fijo de cada magistrado. También supongo que los rubros que ofrecen una ganancia extra al salario no pagan tantos impuestos, lo que obviamente ayuda al peculio de nuestros jueces electorales.

No obstante lo anterior, creo que sí hay un problema constitucional grave y una posición institucional del propio tribunal inadmisible, que pone en riesgo, parcialmente, la legitimidad de sus actos así como la autoridad que debe tener un juez que sirve a la República en donde no debe de haber abusos, privilegios y castas, sean estas jurisdiccionales, administrativas o legislativas.

El artículo 127 constitucional vigente, establece que los servidores públicos de la Federación recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, por el desempeño de su función, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades y que no podrá ser mayor al salario del Presidente de la República.

Es el caso que el salario anual neto del Presidente es de 2 millones 249 mil 308.75 pesos, lo que implica que cada magistrado gana casi el doble que el titular del Ejecutivo Federal. Si atendemos la literalidad de lo que establece al respecto nuestra norma fundamental, entonces quiere decir que nuestros magistrados electorales tienen proporcionalmente más responsabilidades, casi el doble de las que tiene el Presidente de México. Yo en lo personal, no lo creo.

No conozco sistema presidencial alguno en todo el mundo democrático, en donde una instancia colegiada jurisdiccional, tiene más responsabilidades de las que tiene el que es considerado jefe de gobierno y en asuntos de política exterior, jefe de Estado. Son parte de un poder público importante, pero no tienen mayor jerarquía ni responsabilidades que estén por encima de los otros poderes públicos. La división de poderes implica que hay pesos y contrapesos entre los diferentes órganos del poder, para que ninguno pueda invadir competencias de otros y también para que no haya primacía alguna. La separación de poderes se creó para evitar el abuso y discrecionalidad del poder.

Hay una segunda inconstitucionalidad en el salario de los magistrados, y es la más obvia, al ganar más dinero que el Presidente, cuando la propia Constitución lo prohibe terminantemente.

En defensa de sus salario, más no de la Constitución, hemos escuchado de la magistrada presidente del Tribunal que no se reducirán su sueldo porque sus salarios están determinados en el presupuesto. Y, ¿cómo responden entonces a las camionetas que se compraron de un millón de pesos, para cinco de los siete magistrados, aún y cuando es contrario a sus propios lineamientos administrativos? Lamentable forma de entender la ley de quienes habrán de calificar la elección presidencial más disputada de los últimos tiempos.

Me pregunto si no se dan cuenta de lo que pasa afuera de su palacio de justicia. En 1789, María Antonieta no se dio cuenta de lo que pasaba afuera de Versalles. Cuando le informaron el malestar del pueblo, porque no había para comprar trigo ni harina, les mando decir: si no tienen pan, que coman pasteles. ¿Comemos pasteles?

 

Académico de la UNAM

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