Patear el bote

El malestar de la ciudadanía es amplio y persistente. En este espacio se ha documentado la delicada situación de gobernabilidad que vive México. Muchos han derramado tinta en diseccionar las causas de esa decepción y enojo de la ciudadanía. En los hechos, hay insatisfacción con respecto a prácticamente todos los aspectos de la vida económica, política y social del país. Es como si nada estuviera bien, a pesar de la campaña gubernamental acerca de las cosas buenas que no se cuentan.

La situación es tan delicada y compleja que es obligado preguntarse cómo llegó el país a ésta. No es resultado de acciones u omisiones sólo de la administración actual, sino de muchas medidas que no se tomaron a tiempo, no tuvieron la profundidad necesaria, o no se aplicaron del todo.

Desde hace varios lustros, sexenio tras sexenio se ha venido “pateando el bote” sobre asuntos de gran trascendencia. El efecto se acumula con el transcurso del tiempo, con frecuencia haciendo más difíciles y costosas las medidas y políticas necesarias. Es evidente que todo gobierno sopesa los costos de retrasar cualquier política o reforma y los beneficios de llevarla a cabo, pero parece que con facilidad subestima los efectos negativos producto de diferir medidas, sobre todo en el futuro.

¿Cómo se ha llegado a que ocho ex gobernadores se encuentren bajo proceso judicial por corrupción, abuso de poder, y hasta vínculos con el crimen organizado? ¿Cómo se ha llegado a un desprestigio generalizado del político, que ahora se le caracteriza por formar parte de una cleptocracia? ¿Cómo se instauró la política de “patear el bote”?

El enojo de la ciudadanía por este escenario general es enorme, y deriva de acciones u omisiones de administraciones de todos los colores políticos.

En diez días concluye el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Debido a la ineficacia del Ejecutivo y del Legislativo, se engrosará la lista de asuntos legislativos pendientes, algunos de gran importancia. Ejemplos relevantes son la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la Ley General de Aguas, la Ley de Seguridad Interior, la Ley de Cultura, y una ley sobre la problemática denominada “mando único”, entre otras. También quedarán pendientes nombramientos fundamentales, como el fiscal general de la República, el fiscal anticorrupción, y muy probablemente, el de un comisionado del IFT y otro de la Cofece. Por otra parte, hay inquietud sobre la legislación en materia político-electoral, como lo que se denomina segunda vuelta y/o campañas y gobiernos de coalición.

Todos esos pendientes tendrán efectos negativos para el desarrollo democrático de México, que hoy se ignoran, soslayan o, incluso, se niegan. Por ejemplo, no modificar el sistema nacional de pensiones tendrá como consecuencia que el Sistema de Ahorro para el Retiro continúe ahogado en la insuficiencia financiera, que a su vez se traducirá en que quienes se jubilen reciban pensiones por montos muy por debajo (30%) de sus últimos ingresos.

Que no se cuente con una Ley General de Aguas prolongará los rezagos del sector en términos de provisión de agua potable de calidad, saneamiento, y tratamiento de aguas residuales. Muchas familias continuarán padeciendo una realidad de carencia de agua y alta contaminación de la naturaleza.

No resolver el asunto del “mando único” se vincula con la conveniencia o no de una Ley de Seguridad Interior, pues dado el fracaso de la “modernización” de policías estatales y municipales, y la insuficiencia de la Policía Federal, será inevitable mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior.

Por desgracia, el sistema político mexicano ha perdido eficacia, lo que permite que, con irresponsabilidad e impunidad, se patee el bote.

Socio GEA Grupo de Economistas
y Asociados / StructurA