Nuevos retos de la libertad de expresión

Javier Cruz Angulo

La libertad de expresión es un derecho humano que en su ejercicio cotidiano puede incomodar o ser políticamente incorrecto. Y sin embargo un derecho central para la democracia. Permite generar y transmitir nuevas ideas, construir o reconstruir el debate sobre los problemas que nos aquejan como sociedad, acercarnos a un consenso, distinguir nuestro tipo de pensamiento. Propicia la crítica de las ideas, genera arte y literatura. En donde no existe claridad es en el tema de los límites de esta libertad: las propuestas nuevas, intrépidas o, incluso, irreflexivas son bien recibidas siempre que no nos parezcan ofensivas. En caso contrario pedimos su inmediata censura.

La libertad de expresión no tiene como propósito que se autorice agraviar, denostar, lastimar o herir los sentimientos de las personas, pero lo puede llegar a hacer. Darwin no se proponía agraviar a nadie con la publicación de El origen de las especies. Sin embargo, varias de sus ideas nunca han sido aceptadas en el ámbito religioso y hay quienes se siguen sintiendo agraviados por la exclusión del origen divino en la teoría de la evolución. Las ideas de Copérnico o de Galileo tampoco pretendían ofender a nadie, sin embargo ponían en tela de juicio ciertas creencias, con lo cual se ganaron la censura de la época. En estos ejemplos se observa el alto grado de subjetividad, de cómo una persona se puede sentir agraviada.

La libertad de expresión comienza como un derecho absoluto, en principio nadie nos puede censurar. Los límites, modulaciones o contornos de este derecho se dan, cuando se activan las consecuencias del ejercicio de la libertad de expresión. Las consecuencias de la libertad de expresión, no pueden ser tales, que inhiban el ejercicio de este derecho. En efecto, si los costos de haber ejercido la libertad de expresión son muy altos, nadie querrá ejercerla, por ejemplo: el derecho penal no debería de intervenir con la libertad de expresión. La propia sociedad no puede ejercer una presión tal, que inhiba el ejercicio de la expresión de ideas o de la palabra escrita. Como sociedad tenemos que aprender a valorar el discurso del otro, o en su caso, a tolerarlo o debatirlo de manera pacífica y respetuosa, que no se proponga callar al otro.

El movimiento de las ideas es tan fluido como el de las tecnologías, por lo cual podríamos decir que hay varios niveles de ejercicio de la libertad de expresión. En un primer nivel está el diálogo que una o más personas sostienen sobre un tema. El segundo piso de la libertad de expresión está cuando las personas tienen la capacidad de llegar a auditorios muy amplios. En tercer lugar tenemos a los medios de comunicación. La mayoría de los mexicanos ejercemos la libertad de expresión de primer piso, mientras que el segundo y tercer piso es un lugar que no todas las personas tenemos. Así, a cada nivel de ejercicio de la libertad de expresión, hay distintos tipos de consecuencias jurídicas.

La Primera Sala de la Corte, en el caso Stephen Orla Searfoss estableció una doctrina liberal sobre la libertad de expresión y su relación con la libertad de culto y religión. Más adelante, la Primera Sala de la Corte ha generado criterios minoritarios, y con algunas contradicciones, sobre el ejercicio de este derecho. En estos días comienza el debate sobre la constitucionalidad de la Ley de Réplica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí lo primero que hay que decir es: no está claro el problema que pretendía resolver la nueva ley. Se asume que cuando se legisla hay un problema claro e identificado que se pretende enfrentar con la nueva ley. Una mala legislación en materia de réplica puede resultar desastrosa para la libertad de expresión. Este tipo de casos ponen a prueba a cualquier tribunal constitucional. Ojalá la decisión de la Corte sea en blanco y negro, sin grises. Así habría una doctrina sobre libertad de expresión en México. Una sentencia que declarara inconstitucional todas y cada una de las partes impugnadas, obligaría a que la ley se reelaborara. Los jueces constitucionales tienen un gran reto en este debate. Una mala legislación se debe reformular desde el Congreso, por ser la sede natural de creación de las leyes. La última expresión está en manos de nuestros jueces constitucionales.

Director de la Clínica de Interés Público del CIDE

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