El estado que guarda el país es cada vez más preocupante y el gobierno ve reducidos sus márgenes de acción. La fuga de El Chapo, la consecuente crisis en el gabinete de seguridad, el barril sin fondo de corrupción que quedó al descubierto y el magro resultado de la primera ronda de licitaciones petroleras se presentan en la misma semana. La gira del Ejecutivo por Francia se ensombreció por la vuelta al mundo de la noticia de la fuga aunada a las ansiedades que hicieron presa de todos los viajeros. A estas sombras se agregaron los malos augurios petrolíferos y las proyecciones del crecimiento han ido todo el año a la baja. Siempre puede haber una situación peor.

La última encuesta de ingreso y gasto revela que 9 deciles de la población redujeron su ingreso respecto a 2012. El primero lo incrementó ligeramente pero gracias a las transferencias, no a ingresos autogenerados. Esta situación es la peor desde hace 16 años (http://eluni.mx/1gFjy9v).

Si la administración gubernamental es juzgada por el comportamiento de la economía familiar y las garantías que el Estado ofrece en materia de seguridad, no se puede decir que hay eficacia real para la sociedad. Para un ciudadano medio los resultados siguen sin palparse o han empeorado. Y el gobierno no ha cumplido aún tres de los 6 años de mandato. De este modo, se vuelve imperativo imprimir un nuevo rumbo a la acción de gobierno que haga frente con eficacia y credibilidad a los principales problemas. Hoy se juntan los urgentes con los importantes. Es muy urgente y de la primera importancia poner en marcha la nueva institucionalidad anticorrupción. Hay evidencia suficiente, por no decir abrumadora, de que se trata de una carrera contra el tiempo. Cada minuto y día que pasan se registran y perciben nuevos actos de corrupción por parte de autoridades de todo nivel. Esto está carcomiendo y degradando al país en su conjunto. Hemos llegado a una situación intolerable, en que no hay ciudadano honrado que transite por su vida diaria sin ser víctima directa o indirecta de la corrupción. Las consecuencias de esta realidad ya son desastrosas y pueden calar aún más hondo en el camino de una guerra de todos contra todos, en la que el Estado se quiebre por la pérdida de autoridad.

Al igual que en el renglón de la seguridad, no se puede valorar y proyectar el desarrollo de la economía y las políticas de las cuales depende como si estuviéramos viviendo tiempos normales. No es así. Si alguna lección nos deja el caso de Grecia es que deberíamos anticiparnos a los hechos y peligros que nos rodean. Si el producto no se incrementa y el ingreso sigue a la baja, lo más probable es que esto se refleje en las preferencias electorales en la siguiente elección presidencial. Salvo el optimismo sin fundamento de algunas dependencias del gobierno federal, no hay razones para pensar que el bajo crecimiento se revertirá en el futuro cercano, ni que ello ocurriría a tiempo para que la ciudadanía lo sienta reflejado en los bolsillos. Las medidas restrictivas que se siguen aplicando, especialmente la contención del déficit público por debajo de la mínima sensatez, no van a estimular, sino a contraer la economía. Si se observa con cuidado el caso griego, la Eurozona y la troika terminaron pagando el precio de sus absurdas políticas de austeridad que, como es bien sabido (excepto por quienes no quieren ver más allá de dudosos libros de texto) suele matar al enfermo con la medicina que lo quiere reanimar.

México necesita un respiro, el gobierno necesita llegar hasta el último día de su mandato sin reinar sobre la incertidumbre, el descontento y el caos, la LXIII Legislatura requiere de condiciones para no convertirse en un foro romano, y la sociedad necesita razones para creer. Los Poderes del Estado no pueden dejar que todo empeore, precisamente porque eso es lo más probable.

Director de Flacso en México.
@pacovaldesu

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