Combatir la violencia con más violencia

Francisco Rivas

Los mexicanos nos sentimos inseguros, desconfiamos de la autoridad y de los procesos de acceso a la justicia, esto lo confirma el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) a través de instrumentos como la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe).
Difícilmente podría ser de otra manera. Si bien la mayoría de los delitos de alto impacto parecen disminuir según la información oficial, no así los procesos de victimización, ni el homicidio doloso que ha crecido en casi 20% si comparamos las carpetas de investigación de enero-septiembre 2016 contra mismo periodo de 2015 -reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)-. Asimismo leemos diariamente casos famosos como los sucedidos tan sólo este fin de semana, los robos con violencia sufridos por la misma secretaria particular del Procurador capitalino, el Embajador de Trinidad y Tobago y su familia o a un alto ejecutivo de una de las escuderías que compitieron el pasado domingo en el Gran Premio de la Ciudad de México; todas ellos cuentan con redes y aparatos de seguridad que deberían minimizar estos riegos -lo que evidentemente no fue así- y que hacen más fácil acceder a la justicia, lo cual no es el caso de la mayoría de la población.
Aunque nos duela admitirlo, vivimos en un país inseguro, violento, con alta incidencia delictiva, donde la autoridad invierte más tiempo justificando la falta de resultados, descalificando el análisis de expertos, negando la realidad más que trabajando en generar instituciones eficaces y confiables para garantizar la seguridad de la ciudadanía.
Con relación a esto, deberíamos preguntar por qué, a pesar de haber gastado miles de millones de pesos en la última década en capacitación, reingeniería institucional, equipamiento y tecnología, controles de confianza, contrataciones, etc., seguimos teniendo policías y procuradurías con personal mal tratado, mal pagado, mal capacitado, mal equipado, insuficiente y poco confiable ¿quién se enriqueció a costa de nuestros impuestos? ¿Por qué nadie responde ante la falta de capacidades institucionales?
En un momento donde la crisis de inseguridad y violencia debería ocuparnos en buscar responder a estas y otras preguntas, una propuesta que como mínimo debemos calificar de irresponsable, parece caer en tierra fértil: modificar el artículo 10o Constitucional para que los ciudadanos podamos portar armas en autos, comercios y autodefendernos. Sí, es una propuesta equiparable a lo que sucedía hace más de tres siglos en el Viejo Oeste, al no haber un Estado capaz de proteger a los ciudadanos, por lo que ellos debían hacerlo por sí mismos.
El Senador panista, Jorge Luis Preciado dice que pretende "darle armas a los buenos ciudadanos" mediante un proceso de control de confianza. Probablemente el Senador Preciado desconoce los innumerables casos de policías que aprobaron controles de confianza estando coludidos con el crimen, delinquiendo y secuestrando ciudadanos.
De la misma manera, el Senador Preciado sustenta su propuesta sobre la base de casos como el de las tasas de homicidio doloso en los de Estados Unidos, correlacionándolas con el número de armas en manos de privados, olvidando por un lado los casos de violencia psicótica, urbana o los accidentes ligados a la posesión de armas; y por otro lado que, la baja tasa nacional de homicidios asume connotaciones diferentes ante una mirada local, donde violencia e incidencia delictiva se equiparan o superan a muchas de localidades mexicanas y más aún, que por lo general, las instituciones policiales del vecino fronterizo son mucho más confiables.
Debo decir que el Senador Preciado ha logrado captar la atención de muchos ciudadanos insatisfechos y genuinamente preocupados; con el #SíALaLegítimaDefensa ha puesto un tema indefendible en la discusión nacional.
Pero resulta sumamente preocupante que una autoridad que representa al Estado desacredite los procesos institucionales, que proponga poner en riesgo vidas en vez de invertir todo su capital político por mejores instituciones y generar un piso parejo para todos los mexicanos a través del arraigo y promoción de la Cultura de la Legalidad y la Cultura de Paz, en vez de proponer la salida fácil -que otro asuma riesgos-.
La solicitud ciudadana de autodefenderse en un ambiente inseguro es entendible, pero no lo es aprovecharse de eso y hacerse publicidad a costa de la vida de mexicanos.
Senador Preciado, en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) no queremos aumentar los factores de riesgo que llevarán a una mayor desigualdad entre los mexicanos, que propicie aún más el tráfico de armas, que facilite la resolución violenta de conflictos y fomente el desprecio a la autoridad. En el ONC Senador, no queremos un México donde invitemos a nuestros seres queridos y a quien vista a nuestro país que salga con arma y chaleco antibalas.
Senador Preciado, la semana pasada lo invitamos a escuchar a especialistas en esta materia para que entienda el peligro que significa para todos nosotros su propuesta, seguimos esperando nos confirme la cita, lo cierto es que en el ONC no podemos quedarnos a ver cómo empeora la violencia en nuestro país por una propuesta que tal vez se hizo sólo para acaparar reflectores.

Director del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL

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