¿Cómo leer los datos de seguridad del 4o. Informe?

Francisco Rivas

El presidente Peña debe refrendar su compromiso con políticas públicas de seguridad sustentadas en diagnósticos reales

Rendir cuentas a una sociedad significa explicar puntualmente los resultados de las decisiones que una autoridad tomó, que afectan la vida de los ciudadanos y los recursos del Estado. El día de mañana el Presidente de la República mandará su 4o Informe de Gobierno, que, en teoría, debería cumplir con la intención de explicar qué han producido las acciones emprendidas desde la administración pública federal. ¿Qué podemos esperar en esta ocasión del 4to Informe de Gobierno del presidente Peña Nieto respecto a lo resultados en materia de seguridad? Es un hecho que será fiel a la costumbre que ha caracterizado por décadas a nuestros gobiernos, que consiste en dar a conocer resultados halagüeños pues “lo bueno casi no se cuenta”. Esto significa que seremos escuchas de un discurso que hará referencia a la “realidad” de un México un tanto ajeno al país en el cual vivimos, ya que por los índices de aprobación del presidente Peña Nieto se requiere necesariamente mostrar resultados positivos en las materias donde el desempeño dista de ser el deseado.

En materia de seguridad existe una alta probabilidad de que en el 4to Informe de Gobierno se presuman los descensos en la incidencia de delitos como el secuestro, la extorsión y los robos; la recaptura de Joaquín Guzmán Loera; los aseguramientos de drogas y armas; el desmantelamiento de grupos y bandas delincuenciales; la capacitación de las instituciones de seguridad; entre otros resultados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Secretaría de Marina-Armada de México y de la Policía Federal. Sin lugar a dudas el Presidente enfatizará cómo el Estado cumplió en tiempo y forma la cita del 18 de junio de 2016, cumpliendo el largo camino de la implementación del sistema de justicia penal acusatorio y de los beneficios que ha traído. Destacará la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que, como dijo el senador Gil Zuarth citando a otro personaje político, no lo tiene ni Obama.

Poco se dirá de las fallas que subsisten en el sistema penitenciario, o en las violaciones a derechos humanos de los casos emblemáticos como Ayotzinapa, Tanhuato, Nochixtlán. Menos tras haber retirado del cargo a Enrique Galindo de la Policía Federal a escasos 2 días del informe. Dudo que explicará la carencia de resultados al disminuir la violencia en entidades como Guerrero, Tamaulipas, Estado de México, Colima o Veracruz (por mencionar sólo algunas). Podemos descartar la mención de los escasos recursos destinados a ciertas áreas clave de la procuración de justicia, las carencias y áreas de oportunidad en dicha materia, así como en la atención a víctimas del delito.

Dudo que existan datos que destacar en materia de combate a la corrupción y si el Presidente piensa destacar como logro de su gobierno el SNA, no debemos olvidar que su partido, el PRI se opuso a diversos elementos de este y que solamente gracias al gran trabajo de la sociedad civil y a un veto presidencial oportuno fue posible que el SNA se convirtiera en el primer paso en el combate a la corrupción.

En la XL Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública el Secretario de Gobernación relativizó el aumento en la incidencia de homicidio doloso. En su informe, el Presidente ¿hará comparaciones a modo para destacar disminuciones? Con base en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y en los pronósticos realizados por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) se espera que 2016 termine con una tasa de averiguaciones previas y carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes de 14.5 homicidios dolosos (3.23% mayor que la reportada en 2015). De acuerdo con otros pronósticos menos conservadores la tasa en comento podría alcanzar un valor máximo de 17.34. Cabe destacar que entidades como Guerrero y Morelos en las que se ha contado con la presencia o refuerzo de elementos de instituciones federales de seguridad, se han mantenido tasas de homicidio doloso superiores a la nacional desde 2012.

A su vez, durante la administración de Enrique Peña Nieto hemos sido testigos de cambios en los patrones geográficos de los delitos de alto impacto. Antes de que comenzará su periodo de gobierno, las entidades con mayor tasa de homicidio doloso entre enero y julio de 2012 eran: Chihuahua (37.6), Guerrero (35.9), Sinaloa (31.3), Morelos (26.3) y Durango (22.3). En cambio, durante el mismo periodo, pero de 2016 las entidades fueron: Colima (45.9), Guerrero (35.3), Sinaloa (20.1), Baja California (17.1) y Morelos (16.9).  Por otro lado, se espera una tasa de 0.93 secuestros (7.09% mayor que la de 2015) y una tasa de 4.32 extorsiones (3.67% mayor que la de 2015). Es decir, el panorama no será muy diferente del que experimentamos desde 2013.

En cuanto al secuestro es importante distinguir que las cifras reportadas en el SESNSP no reflejan la cantidad total de casos de secuestro, no sólo por la cifra negra sino porque no se están registrando los supuestos contemplados en el Artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. A pesar de lo anterior es el delito que reportaría el mayor incremento respecto a 2015 de acuerdo con nuestros pronósticos.

En materia de extorsión cabe destacar que las disminuciones registradas desde 2013 se pueden deber a cambios en los criterios de registro. Dichas modificaciones suponen que la credibilidad y comparabilidad de la información esté en duda. En lo agregado esto supone un diferencial de la tasa nacional de 0.5 y 0.6 en 2014 y 2015 lo cual evidentemente aminora los porcentajes de reducción ampliamente citados por las autoridades. Al menos dos casos llaman la atención en este sentido: Guanajuato y Michoacán.

Atribuirle la responsabilidad de cada carencia o falta de logros al Ejecutivo tampoco es exacto. Si hoy observamos entidades y municipios en condiciones graves de inseguridad, si la violencia en algunas regiones se ha estancado, si no ha se cumplido a cabalidad una adecuada implementación del sistema de justicia penal acusatorio, si no se cumple con la Ley General de Víctimas, así como con diversos tratados internacionales que tutelan los derechos humanos también debemos preguntarle a las autoridades locales y municipales por qué no hay avances en estas materias. También ellos han sido cómplices o directos responsables de esto ya sea por incapacidad o por desidia. También ellos han aportado su grano de arena para que nos encontremos en un contexto en el cual el Estado no tiene el control sobre todo el territorio nacional.

No obstante, a poco más de dos años del fin del mandato del presidente Peña Nieto, es momento de que asuman las riendas del combate a la corrupción y la delincuencia, de la implementación de la ley sin distingos. Es momento de que refrende su compromiso con políticas públicas de seguridad humana sustentadas en diagnósticos reales e indicadores de desempeño e impacto; es momento de que se reajusten o eliminen las líneas de acción que no han funcionado y de verdad trabajar para que “lo bueno cuente mucho”, y no sólo en términos de narrativa o como estrategia de comunicación.

Director general del Observatorio Nacional Ciudadano

@frarivasCoL

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