La violencia en Guerrero no cede. A pesar de la llegada de un nuevo gobierno y del relanzamiento —hace dos semanas— de la estrategia de seguridad encabezada por fuerzas federales, que busca regresar “paz y armonía” al estado, los asesinatos se siguen presentando. En lo que va del año se han registrado mil 985 asesinatos en la entidad, 748 sólo en Acapulco, y 18 únicamente en las últimas 48 horas.

Acapulco es un caso especial. Como presenta hoy EL UNIVERSAL, los mandos policiacos han sido blanco de la violencia en la principal ciudad guerrerense. Estudios de investigadores locales lo atribuyen a la penetración de grupos de narcotraficantes en las filas policiacas. Y las cifras no dejan lugar a dudas: a principios de septiembre este diario publicó que Guerrero tenía la peor policía municipal del país, pues de 180 efectivos evaluados de enero a junio 49.4% no aprobó los exámenes de confianza. En ese periodo el promedio nacional de agentes reprobados fue de 17.2%. La parte que falta ahora es la capacitación y profesionalización de las corporaciones. Sustituir los malos elementos por otros iguales o peores, sería lo peor que le puede ocurrir a Guerrero.

Lo anterior es uno de los pasos necesarios para comenzar a cambiar el discurso que se hace sobre Guerrero, para empezar a dejar de reportar hechos de violencia e iniciar a conocer la otra cara que puede ofrecer la entidad. A lo largo del estado se despliegan operativos de reacción, pero poco se conoce de acciones preventivas, por ejemplo de integración social especialmente con los jóvenes, o labores en beneficio de las comunidades.

Tijuana, Ciudad Juárez y Monterrey han dado ejemplos de lo que se puede hacer. ¿Por qué en Acapulco, principalmente, y en toda la entidad no ha podido concretarse un plan similar?

Ayer el secretario de Gobernación respondió en parte a esa pregunta. Aseguró que el clima de inseguridad es consecuencia de que los ex gobernadores Ángel Aguirre y Rogelio Ortega no atendieron las recomendaciones del gobierno federal en materia de formación policiaca y controles de confianza.

Nada más claro: si desde la principal autoridad estatal no hay voluntad —por omisión o complicidad—, la situación no cambiará.

En Michoacán fue necesario crear la figura de un comisionado federal para pacificar el estado, pero en Guerrero, a pesar de que enfrentó la emblemática tragedia de Ayotzinapa, se trabajó de manera diferente. Ahora se tiene que comenzar prácticamente de cero. Ojalá que la coordinación Federación-estado fluya esta vez de manera óptima, para que pronto hablemos de un Guerrero pujante y renovado. Si no, los guerrerenses no querrán escuchar lamentaciones futuras de lo que no se pudo hacer.

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