¿Premios a la puntualidad?

Editorial EL UNIVERSAL

El uso indebido de los recursos públicos en México sigue siendo una de las principales causas de nuestra falta de crecimiento y desarrollo nacional. Todavía es frecuente que los criterios que definen cómo se usan los recursos públicos en nuestro sean discrecionales, opacos, posean un sesgo clientelista, deriven de arreglos corruptos, o en el último de los casos, aunque no menos grave, carezcan de toda eficacia.

Ejemplo claro de lo anterior, dado a conocer hoy por esta casa editorial, es que el gobierno federal ha desembolsado entre 2013 y 2016, 34 mil 707 millones 203 mil pesos en incentivos por llegar a tiempo a laborar como funcionarios públicos —premio de puntualidad, le llaman—, monto cercano al que la Federación destinó este año a la UNAM —que fue de 36 mil 345 millones 963 mil 558 pesos—. Son 23 las dependencias federales que mantienen este tipo de prestaciones económicas, las cuales han aumentando año con año: de 2013 a 2016 el bono de puntualidad creció 13.62%.

Esta es una práctica relativamente común en los sectores público y privado, y se entiende que busca incentivar a los trabajadores, mejorar su disposición y desempeño laboral. No obstante, porque en este caso hablamos de recursos públicos, tan escasos en áreas de verdadera importancia, en principio tendría que revisarse a fondo si dar estos bonos por puntualidad agrega valor al desempeño de los trabajadores de las dependencias públicas. Pero, independientemente de probarse lo anterior, considerar seriamente reducir este gasto.

Por supuesto sería todavía mejor que la Federación —y el Congreso de la Unión, que aprueba el presupuesto de egresos— reconsiderara la propia existencia de este incentivo. Porque, siendo serios, no se entiende cómo se eroga una cantidad de dinero equivalente a la otorgada a la máxima casa de estudios de nuestro país —que debe atender acciones de educación en los niveles de bachillerato, licenciatura, posgrado y de divulgación de la ciencia y la cultura— para premiar algo que, en principio, es una obligación de la burocracia que lo goza.

Cualquier incentivo es bueno siempre y cuando tenga y cumpla un objetivo, pero justo porque el propósito de este premio es algo a lo que todo trabajador se compromete al firmar un contrato —cumplir con un horario de trabajo—, no se justifica su existencia. ¿Es correcto premiar el cumplimiento de una obligación? ¿Hacerlo con un alto costo al erario en tiempos de poca inversión pública, de poco gasto social?

El criterio que debe primar a la hora de repartir los recursos entre tantísimos asuntos que hay por atender en México es el del mayor beneficio social, es decir, el que mejore la calidad de vida del mayor número de personas. Evidentemente, este no es el caso.

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