Más Información
Como en ocasiones anteriores en que se han suscitado crisis sociales o de seguridad, hoy la iniciativa privada, a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), exige a la Federación que intervenga con fuerzas a su cargo para apaciguar el descontento social, garantizar el orden y salvaguardar el patrimonio del empresariado; en esta ocasión, debido a las protestas, bloqueos carreteros y saqueos a tiendas departamentales y comercios que estos días se han presentado en diversos puntos del territorio nacional a causa del alza en el precio de las gasolinas.
De lo contrario, advierte el CCE, habrá desabasto de bienes básicos, enormes pérdidas económicas y materiales, y tal vez hasta cierre de empresas, lo que podría aumentar el descontento y las movilizaciones y generar mayor violencia.
La intervención federal es necesaria para garantizar que una legítima molestia social no derive en violencia. Sin embargo, hay que tener en cuenta también el riesgo de encender más chispas en la pradera seca que hoy representa el enojo por este tema. Hay una delgada línea entre la intervención legal de las fuerzas del Estado y el abuso en el empleo de la fuerza.
El referente más reciente de una desproporcionada acción gubernamental es el enfrentamiento ocurrido entre profesores y la Policía Federal en Nochixtlán, Oaxaca, en el que perdieron la vida ocho personas y muchas más resultaron heridas.
Esto no quiere decir, desde luego, que deba dejarse a los saqueadores actuar a placer. Cuando menos como elemento disuasivo es importante la presencia de fuerzas del orden. El problema es que en las expresiones de ira y rapiña mostradas hasta ahora, han brotado reacciones violentas de las turbas, como si impedirles el saqueo fuera una afrenta al derecho de robar que les otorga su situación de marginalidad.
Fácilmente podría incurrirse en el error de implementar una sola estrategia para todos los casos, considerando, por ejemplo, una única solución a partir de la mano dura, como si los actos de ira fueran cometidos por enemigos a quienes debe eliminarse. Por las imágenes vistas hasta ahora, es palpable que en algunos actos de rapiña se encuentran también personas que en la vida cotidiana no son delincuentes: ancianos, madres, niños incluso.
Es legítimo que los empresarios teman por su patrimonio, que a su vez aporta trabajo y crecimiento económico al país. Además, no sólo los grandes magnates son dueños de negocios; también han sido afectados pequeños comercios cuyos propietarios son parte de la población afectada por el encarecimiento de los productos básicos.
Sin embargo, ante el delicado contexto de inconformidad , que no parece estar cerca de disiparse, los gobiernos deben actuar con cautela y bajo una estrategia que incluya aliviar la fuente del encono de una parte de la sociedad.
