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Ginebra.- 22 mujeres fueron sometidas a prisión preventiva durante más de una década, en violación de sus derechos, sufriendo falta de atención médica y de garantías de proximidad a sus familias, concluyó este jueves el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
Según las observaciones publicadas por el comité, que estudió las denuncias recibidas por esas 22 mujeres detenidas en el Centro Federal de Rehabilitación Social 16 (CEFERESO 16), México debe eliminar la prisión preventiva oficiosa (automática), que según sus expertos tiene un efecto desproporcionado en las mujeres.
Las 22 denunciantes "permanecieron en prisión preventiva durante un período excesivamente prolongado, algunas de ellas más de 15 años, sin que se revisara adecuadamente la medida de detención", afirmó en un comunicado la miembro del comité Erika Schläppi.
Los cargos contra ellas estaban principalmente relacionados con el crimen organizado, tres de ellas fueron absueltas más de 10 años después y la mayoría de los otros casos apenas han avanzado.
Según el comité, una de las detenidas, Patricia Melo Tapia, falleció en 2020 tras nueve años de prisión preventiva sin que las autoridades atendieran ni las reiteradas peticiones de su abogado para que recibiera un tratamiento médico adecuado, ya que su estado de salud era muy delicado, ni sus solicitudes de traslado para que su hija pudiera visitarla más fácilmente.
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Hay más mujeres que hombres en prisión preventiva en México
De acuerdo con el grupo de expertos, más de la mitad de las mujeres detenidas en México a nivel federal lo son en régimen de prisión preventiva oficiosa, frente a un 41% de los hombres, y los efectos en ellas son "desproporcionados", en especial en lo que se refiere a acceso a sus familias.
El comité denuncia, además, que el CEFERESO 16, la única prisión federal en el país exclusiva para mujeres y situada en la localidad de Coatlán del Río (estado de Morelos), carece de personal médico continuo y permanente, incluidos especialistas para la atención de mujeres como ginecólogos.
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La mayoría de las mujeres detenidas no reciben visitas de sus familias, ya que éstas viven lejos y carecen de recursos económicos, lamenta el comité.
Éste recuerda que sólo en 2023 12 mujeres se quitaron de vida en esa prisión, lo que llevó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a emitir una recomendación en la que se denunciaba la falta de medidas adecuadas para garantizar el acceso de las internas a la atención sanitaria.
mcc
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