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En tiempos en los que se vislumbra una inminente incertidumbre económica para nuestro país, lo que la población necesita es ver compromiso y solidaridad por parte de los funcionarios públicos.
Sin embargo, nuevamente nos hallamos ante un ejemplo que evidencia la nula concordancia entre los discursos de austeridad y las jugosas prestaciones que perciben, en este caso, los consejeros del Instituto Nacional Electoral.
Como lo informa hoy EL UNIVERSAL, cada uno de estos once funcionarios del máximo órgano electoral recibió una gratificación de fin de año que asciende a 472 mil 742 pesos, concepto al que no se le aplicará deducción fiscal alguna.
En total el INE destinó 7 millones 150 mil pesos para el pago de sueldos y aguinaldos de los once consejeros, poniendo nuevamente en el radar las exorbitantes sumas que se destinan a estos rubros en instancias públicas.
Esta noticia viene a sumarse a la información difundida por este diario sobre el bono secreto de 150 mil pesos que se aprobaron a sí mismos los legisladores en la Cámara de Diputados. Ambos casos recalcan la desvinculación existente entre las instancias gubernamentales y la clase política de la opinión pública, que cada vez observa con más molestia cómo en tiempos en los que todos deberían “apretarse el cinturón” algunos continúan recibiendo a manos llenas.
Se hacen entonces necesarios mecanismos de regulación y supervisión rigurosos, acordes al entorno económico, del uso de los recursos asignados. Más allá de que los presupuestos para cada institución consideren este tipo de pagos —brutalmente onerosos— debe existir mesura desde las instituciones. Si no serán ellos quienes se impongan límites ante tiempos ciertamente desesperanzadores, se necesita de una instancia firme que ordene estos gastos que rayan en la opacidad.
Al “mal humor social” acumulado, acrecentado por el alza de hasta 20% en el precio de las gasolinas y el encarecimiento de los servicios básicos, se abonan estos “regalos de fin de año” que fomentan la poca confianza que se tiene en las instituciones públicas y en los actores políticos.
Cabría esperar que ante la tormenta se tomen cartas en el asunto, pues la sociedad pierde cada vez más la confianza en la transparencia con la que se manejan los recursos públicos. Legisladores y servidores públicos no se pueden dar el lujo de enfrentar el descrédito cuando precisamente necesitan de unidad para afrontar el difícil panorama que se avecina en 2017. Transparencia y mesura es el reclamo, habrá que esperar para saber si será escuchado.
